La jornada tenía todos los ingredientes para ser calificada de "negra", y así se ha confirmado tras el fracaso del decreto ómnibus, que incluía la prórroga antidesahucios y el tope de precios en todos los bienes y servicios bajo la excusa de una situación de emergencia. Los únicos decretos que han salido adelante son los relativos a las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, así como el de la revalorización de las pensiones, al que PP y Junts se comprometieron a apoyar si iba en una norma distinta.
Puente ausente
La sesión comenzó marcada por la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados. En medio de la polémica por la actuación de la empresa pública Adif, que retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización previa, desde su ministerio justificaron su ausencia por "asuntos personales", sin que conste en la agenda oficial de Moncloa ningún compromiso que justifique su ausencia. En su lugar, la defensa de la iniciativa recayó en el ministro Ángel Víctor Torres, lo que motivó las críticas de PP y VOX.
"Cada accidente debe analizarse con rigor técnico, con transparencia y con dación de cuentas que es lo que ha hecho el ministro de Transportes y conocer las causas para que no se vuelva a repetir. El Gobierno reitera su compromiso con la investigación técnica independiente, con la transparencia informativa y con la adopción de medidas correctoras cuando procesa", ha defendido el ministro Torres mientras las familias de las víctimas han hecho un frente común para entrar de lleno en el proceso judicial y conocer "la verdad" sobre el accidente ferroviario que le costó la vida a 46 personas.
"¿Dónde está el señor Puente? ¿Se le han pegado las sábanas o es que no se ha querido enfrentar hoy a las críticas por las últimas noticias de sustracción de pruebas?", reprochó la diputada de Vox, Carina Mejías. A esta crítica se sumó el diputado del Partido Popular, Bartolomé Madrid, quien calificó de "infamia" que personal de Adif se llevara material y que el ministro "no esté dando explicaciones".
Decreto ómnibus
Una vez más, el Gobierno ha visto decaer su decreto ómnibus, tras haberse visto obligado a trocearlo para que las revalorizaciones a los pensionistas no se vieran afectadas. Fuentes gubernamentales admiten que se negaron a fragmentarlo más, a pesar de saber desde hace semanas que la medida no saldría adelante debido a la prórroga de la moratoria de desahucios.
La diputada de Junts, Marta Madrenas, acusó al Ejecutivo de aplicar "penitencias a los propietarios" y de recurrir al "chantaje" al incluir la moratoria de desahucios junto a otras medidas sociales que sí aprobarían, como la prórroga del bono social o las ayudas a los afectados por la dana. El diputado del PP José Vicente Marí acusó al Gobierno de "ayudar a los delincuentes en la okupación" y tachó al Gobierno de "carácter antidemocrático" por abusar del real decreto.
Nuevamente, la pelota queda en el tejado del Gobierno, que responsabiliza a los partidos de la oposición de tumbar este decreto, sin reconocer que incluyó esas medidas intentando contentar a sus socios de la izquierda, sin éxito. Fuentes cercanas al presidente del Gobierno sostienen que el voto en contra de Junts "ya no responde al contenido" del decreto y que no se han sentado a negociar con el Ejecutivo, porque su capacidad de diálogo permanece rota "hasta que vuelva Puigdemont".
Tope de precios
Tampoco ha logrado el respaldo de la Cámara el decreto impulsado por el Ministerio de Consumo, que establecía un tope a los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Los votos de Junts resultaron determinantes para tumbar la iniciativa, al considerar que el Gobierno busca tener "vía libre" para fijar los precios. Junts argumenta que la medida "otorga una autoridad ingente al Consejo de Ministros" para intervenir en el mercado, algo que rechazan de manera rotunda.
Esta derrota del ministro Bustinduy se produce en un momento especialmente delicado para el espacio Sumar, tras la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de no presentarse a las próximas elecciones generales, lo que obliga a la coalición a elegir un nuevo liderazgo.