Tras Castilla y León, Andalucía se perfila como la próxima cita en el calendario electoral, aunque la fecha aún no está fijada. En Moncloa no dejan pasar ocasión para hacer electoralismo y promocionar a su ministra candidata, María Jesús Montero, que previsiblemente no abandonará el Ejecutivo hasta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pulse el botón electoral y arranque la cuenta atrás.
"Los ministros no venimos de Marte, no caemos del cielo. Somos personas que hemos tenido responsabilidades en nuestros territorios, a los que por cierto como la propia vicepresidenta primera, queremos. Es una persona que quiere y que lleva trabajando años por Andalucía", ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, Elma Saiz, en un discurso marcadamente partidista, apelando a connotaciones sentimentales en favor de su compañera en el Gobierno.
"Ha sido consejera de Sanidad, consejera de Hacienda, además de representante en la Junta de Andalucía como parlamentaria", ha enumerado al ser preguntada por si Montero prevé abandonar el Ejecutivo antes de la convocatoria electoral, para rematar que la vicepresidenta primera tiene "un currículum alto y claro de saber lo que la tierra necesita, saber lo que Andalucía necesita y en ese sentido es la mejor candidata", ha afirmado Saiz, en una intervención que apunta directamente a vulnerar "el deber de neutralidad política" en actos institucionales durante periodos electorales, tal y como recoge el artículo 50.2 de la LOREG.
No es un hecho aislado. La ministra de Migraciones ya fue expedientada por la Junta Electoral Central por promover mensajes electorales desde Moncloa durante las elecciones de Castilla y León, al lanzar reproches al PP y a Vox en lugar de ceñirse a los acuerdos del Consejo de Ministros. La JEC atendió así una denuncia del Partido Popular en la que se recogían "valoraciones peyorativas y despectivas", así como "connotaciones ofensivas" dirigidas contra los de Núñez Feijóo.
Sus dos antecesoras en la Portavocía, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, también fueron sancionadas con multas por utilizar la comparecencia posterior al Consejo de Ministros para difundir mensajes de carácter partidista contra la oposición.