La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los saharauis ha tenido muchos episodios polémicos. Después de renunciar al Sáhara Occidental en favor de Marruecos y dejar a los saharauis a merced del régimen de Mohamed VI, el Ejecutivo socialista ha excluido a los saharauis del proceso de regularización masiva por la cual se van a documentar más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida.
Con este contexto sobre la mesa, la formación de Yolanda Díaz, ha promovido una iniciativa en el Congreso de los Diputados para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a denunciar la situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos y reclamar su liberación inmediata al reino alauí, esgrimiendo que sería "coherente" con su postura en otros contextos.
Para ello, la formación de extrema izquierda ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para su debate en el Pleno que, de prosperar, instaría al Gobierno a "denunciar por los cauces oportunos la situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos".
Además, los diputados que han presentado la iniciativa, Enrique Santiago, Gerardo Pisarello y Tesh Sidi, quieren que el Ejecutivo también pida "su liberación inmediata y, en todo caso, que se garantice un proceso justo y unas condiciones dignas durante su detención, de conformidad con lo establecido por el derecho internacional, garantizando, entre otras cuestiones, los derechos fundamentales, el fin del aislamiento en celdas individuales y la debida atención sanitaria".
"Represión sistemática de Marruecos"
En su exposición de motivos, Sumar defiende que "durante cinco décadas, organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón continuado de represión sistemática del reino de Marruecos contra la población civil saharaui, en particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación".
Los diputados firmantes citan el caso del grupo Gdeim Izik, en referencia a los detenidos durante la ola de protestas en noviembre de 2010 en la antigua colonia española del Sáhara Occidental, subrayando que siguen "sufriendo duras condiciones de detención, caracterizadas por el aislamiento en celdas individuales, los malos tratos y las restricciones sistemáticas a derechos fundamentales como la atención sanitaria y las visitas familiares".
También se hacen eco de "la huelga de hambre indefinida iniciada por los estudiantes y presos políticos saharauis, Brahim Babeit y Salah-Eddine Sabbar, en la cárcel de Ait Melloul, en Marruecos, para denunciar y protestar por sus condiciones de detención y exigir dignidad".
"Habida cuenta de la grave situación, el Gobierno de España debería intervenir en aras de contribuir a la defensa de los derechos humanos de la población civil saharaui, especialmente de las personas privadas de libertad por motivos políticos", sostienen desde Sumar para defender su iniciativa. En este sentido, Sumar considera que "esta actuación resultaría coherente con el posicionamiento mantenido por el Gobierno en defensa de la aplicación y respeto del derecho internacional en otros contextos".