Hay países que entienden que una frontera es mucho más que una línea en un mapa. Es el límite físico de su soberanía, el primer muro de contención de su seguridad y la expresión más elemental de que siguen siendo dueños de su destino. Y luego está España.
Lo ocurrido en Ceuta no puede despacharse como un simple episodio de presión migratoria. Fue una invasión en toda regla, un desafío a la soberanía nacional y una demostración más de que Marruecos sigue utilizando la inmigración ilegal como un instrumento de presión política sobre España cuando considera que le conviene. En otras palabras, una declaración de que lo peor aún está por llegar. Rabat lleva años demostrando que entiende perfectamente el enorme poder estratégico que tiene el control de los flujos migratorios. Lo preocupante no es solo que lo haga, sino que España parezca haber asumido que esa es la nueva normalidad.
Conviene recordar algo que nunca debería ser necesario repetir. Ceuta es España. No es una ciudad pendiente de resolver. No es un enclave colonial. No es un territorio negociable. Es España. Lo era antes de que existiera el actual Estado marroquí y lo seguirá siendo mientras España tenga la voluntad de defender su integridad territorial. Porque ese es precisamente el problema. Las fronteras no solo existen; también hay que defenderlas.
Durante años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha proyectado una política migratoria que muchos perciben como un mensaje de creciente permisividad. La reciente regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes irregulares ha sido presentada como una medida de justicia social. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse si decisiones de este tipo pueden contribuir a reforzar la percepción, fuera de nuestras fronteras, de que entrar ilegalmente en España terminará teniendo recompensa.
Como español y como judío, hay una imagen que no consigo quitarme de la cabeza. El 7 de octubre cambió para siempre la forma en que Israel entiende la seguridad. Durante años se creyó que la tecnología, la disuasión y el deseo de evitar una escalada podían sustituir la vigilancia permanente de una frontera. Bastaron unas horas para demostrar que no era así.
España no es Israel. Nuestras amenazas son diferentes y nuestros contextos también. Pero existe una enseñanza universal que todas las democracias deberían comprender: las fronteras solo parecen secundarias hasta el día en que dejan de funcionar. Ningún país democrático puede permitirse el lujo de banalizar su seguridad. Y tampoco puede hacerlo Europa. Porque Ceuta no es únicamente una frontera española. Es una frontera europea. Cada vez que esa frontera se ve desbordada, toda la Unión Europea debería entender que el problema también le pertenece.
Existe además otro fenómeno profundamente preocupante. Como ocurre con demasiada frecuencia, apenas habían comenzado los acontecimientos cuando desde sectores tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda empezaron a circular teorías conspirativas que señalaban a Israel como supuesto responsable de la crisis. Siempre Israel. Si hay una guerra, Israel. Si hay una crisis migratoria, Israel. Si hay una pandemia, Israel. Si ocurre cualquier acontecimiento internacional, siempre aparece alguien dispuesto a encontrar una conexión inexistente con el Estado judío.
Como judío español, me preocupa profundamente comprobar cómo los extremos políticos terminan coincidiendo una y otra vez en un mismo reflejo: convertir a Israel en el culpable universal de cualquier problema. Cambian las ideologías, pero el mecanismo es el mismo. Ayer eran los judíos quienes supuestamente envenenaban pozos o controlaban las finanzas del mundo. Hoy es el Estado judío quien, según algunos, mueve todos los hilos de la política internacional. Es el mismo prejuicio con un lenguaje distinto. La vertiente sofisticada del antisemitismo del siglo XXI: el antisionismo.
Mientras tanto, España parece empeñada en alejarse de quienes deberían ser sus aliados naturales. Nuestra seguridad depende de la cooperación con las democracias occidentales que comparten nuestros valores y nuestros intereses estratégicos. Sin embargo, la política exterior del actual Gobierno ha proyectado con demasiada frecuencia una imagen de ambigüedad y de distanciamiento respecto a socios que durante décadas han sido fundamentales para España. Las democracias no pueden permitirse el lujo de enviar señales de debilidad frente a quienes entienden la política internacional como un juego de presión constante.
Lo sucedido en Ceuta debería servir como una llamada de atención. No basta con reaccionar cuando la crisis ya ha estallado. Hace falta una política de Estado que recupere el control de nuestras fronteras, refuerce nuestra capacidad de disuasión y deje claro que la soberanía nacional no está sujeta al cálculo político del momento.
Porque proteger las fronteras no es un gesto de insolidaridad. Es la condición indispensable para que exista un Estado capaz de ejercer la solidaridad de forma ordenada, justa y segura. Ceuta es España. Y quien no esté dispuesto a defender esa evidencia terminará descubriendo que las fronteras que hoy se relativizan son la pérdida de libertades que mañana habrá que lamentar.