La AfD ha ganado las elecciones de Sajonia-Anhalt con el 43,8% de los votos, más del doble que la CDU y a tres escaños de la mayoría absoluta. Los titulares inmediatamente hicieron sonar las sirenas: "La extrema derecha conquista un estado alemán". Tampoco hacía falta escribir mucho más. Cuando aparece AfD o cualquier formación equivalente, el adjetivo acaba con cualquier capacidad de reflexión.
Hay motivos para inquietarse. Los hay en algunas declaraciones de sus dirigentes, en su sospechosa indulgencia con Rusia, en ciertas tentaciones revisionistas y en una idea de la nación que parece exigir un certificado de pedigrí. Pero una alarma no es un análisis. Sirve para inquietar a la gente, pero no para entender por qué la casa está en llamas.
Si analizamos de forma comparada algunas de las propuestas más polémicas de AfD, veremos que no son exclusivas de la "extrema derecha". Dinamarca, por ejemplo, gobernada durante años por la socialdemocracia, ha endurecido el asilo, limitado la reunificación familiar y clasifica barrios según el porcentaje de residentes "no occidentales". Esa etiqueta —"no occidentales"— en boca de la derecha provocaría un terremoto moral. Pronunciada por la izquierda danesa, no provoca ni un pestañeo.
Suecia ha reducido drásticamente los refugiados, cerrado el acceso a la nacionalidad e incentivado con dinero el retorno a los países de origen. Finlandia ratifica la tendencia: exige más años de residencia y elimina el asilo al equiparar la inmigración, ni más ni menos, que con un arma.
Cuando AfD habla de "remigración" saltan las alarmas. Cuando lo hace un gobierno escandinavo, se convierte por arte de magia en "integración sostenible". En esencia, son políticas casi idénticas, pero mientras una sirve para agitar viejos fantasmas, la otra pasa desapercibida.
No es sólo hipocresía. Las naciones escandinavas no surgieron de sociedades vacías y sin historia, sino de pueblos con lengua, memoria y costumbres compartidas. Su famoso Estado del bienestar tampoco cayó del cielo: se levantó sobre esa realidad. Era universal, sí, pero solo dentro de unas fronteras.
La inmigración no creó la brecha cultural que hoy nos preocupa: simplemente la sacó a la luz. Cuando llegan en poco tiempo miles de personas con costumbres y creencias muy distintas, el Estado no puede ponerse de perfil. Debe decidir qué significa integrarse, qué es admisible y qué conviene conservar. Se podrá envolver el debate en celofán, en eufemismos o en corrección política, pero la pregunta ¿quiénes somos? sigue ahí, esperando respuesta.
Pasa lo mismo cuando se habla del islam. Hay musulmanes laicos, reformistas e integrados. Pero esos no están organizados. Quien vive su fe en privado no necesita convertir su creencia en activismo. El islamista que une religión y política, en cambio, sí se organiza. Y ese es el que termina recibido por el ministro de turno, el que capta subvenciones y el que exige demandas para toda una comunidad cuya representación se atribuye por decreto.
Europa tropezó hace ya tiempo con una fantasía peligrosa: creer que sus instituciones pueden flotar en el vacío. Pero una Constitución no se cumple porque esté lujosamente encuadernada. La libertad de expresión necesita ciudadanos acostumbrados a soportar opiniones contrarias a las suyas, incluso opiniones que detestan. Y la libertad política exige aceptar el pluralismo y la derrota en las urnas. La ley es la parte escrita de una realidad sociológica profunda sobre la que descansan los principios de una sociedad civilizada.
El progresismo ha despreciado esa premisa. No cree que las instituciones deban apoyarse en una cultura preexistente, sino que deben moldear una sociedad distinta; es decir, fabricar ciudadanos a imagen y semejanza del Estado, y no al revés.
Una parte de la derecha incurre en el error inverso. Convierte la cultura en una reliquia de museo vigilada por celadores. Olvida que la civilización occidental existe porque ha sabido examinarse, incorporar novedades y abandonar gradualmente aquello que quedaba obsoleto. Esa capacidad crítica fue una de sus mayores virtudes, hasta que se volvió contra sí misma y comenzó a demoler todo lo que era valioso simplemente porque era "antiguo".
La llamada "guerra cultural" es, en buena, medida una impostura. La cultura es un cuerpo vivo: se cultiva, se transmite y se renueva. La guerra solo busca dividir y someter. Cuando se declara la guerra cultural, la verdad se rinde a la propaganda y la cultura termina siendo la primera víctima de quienes pretendían salvarla.
La AfD no se sale de la tradición europea de los últimos setenta años. Quizá no sea socialdemócrata en lo fiscal, pero comparte su gran tentación. La socialdemocracia renunció a expropiar los medios de producción, pero no a usar el poder del Estado para teledirigir la vida de la gente. La AfD discute hacia dónde orientar ese control, pero jamás cuestiona su poder.
La victoria de la AfD puede ofrecer respuestas equivocadas, pero el malestar que refleja no es una invención. Europa no puede elegir entre instituciones sin cultura y una cultura convertida en trinchera: las primeras se desploman; la segunda se destruye. Reconocer esta encrucijada obliga a discutir qué cultura necesitamos para que las instituciones no se desmoronen. Añadir "extrema derecha" a cada titular quizá tranquilice a las almas bellas. A los votantes europeos, a la vista está, ya no les explica nada.