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El plan de Castillo para convertir Perú en un narcoestado: comprar toda la coca

El diputado Bermejo desmantela las leyes contra los cultivos ilegales con la escusa de proteger la "cultura" cocalera.

El diputado Bermejo desmantela las leyes contra los cultivos ilegales con la escusa de proteger la "cultura" cocalera.
Pedro Castillo en el Día del Trabajador en Perú. | EFE

El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su Gobierno marxista de Perú Libre están cerca de convertir Perú en un narcoestado. El gran responsable de esta operación es el diputado Guillermo Bermejo, que lleva meses aprovechando la excusa de la "cultura" y las "tradiciones" de los cocaleros para desmantelar una por una todas las leyes contra los cultivos ilegales del narcotráfico.

La razón de semejante empeño es sencillo. Perú es el segundo país del mundo con mayor capacidad para producir coca, únicamente por detrás de Colombia. De esas 61.000 hectáreas de cultivo salen cada año unas 650 toneladas de droga, pero solo un 10% acaba intervenida por la Dirección Antidrogas de Perú (Dirandro). El resto de la coca acaba en Europa, concretamente en manos de grupos como la mafia italiana de Ndrangheta, la Camorra o el cártel de Los Balcanes, entre otros.

Bermejo tiene vínculos muy estrechos con las organizaciones cocaleras de todo el país, pero especialmente con las del VRAEM, una zona azotada por la narcoterrorismo. El propio Bermejo se encargó de presentar al por entonces candidato Pedro Castillo a los principales dirigentes cocaleros. Desde entonces, la hoja de coca se convirtió en pilar de la "agenda nacional".

De este modo, con Castillo ya en la presidencia, rápidamente se suspendieron las operaciones para erradicar los cultivos ilegales de coca y se cerraron varias bases militares y policiales en el VRAEM. El descenso de los controles provocó un aumento directo de los cultivos ilegales, que el diputado Bermejo se encarga de legalizar a través de su ley de hoja de coca.

Los cocaleros legales deben estar inscritos en un censo y están obligados a vender toda su producción a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), la compañía estatal que ostenta el monopolio de la hoja de coca. El problema es que los narcos pagan mejor la mercancía, por lo que el 95% de los agricultores (400.000 familias) prefiere seguir siendo ilegal.

Comprar toda la coca con dinero público

La solución que ha alumbrado el Gobierno de Castillo para solucionar este contratiempo es comprar toda la cosecha nacional (legal e ilegal) de hojas de coca y crear un nuevo padrón de productores como parte de una nueva "política antinarcóticos". Además, el plan incluye la completa desmilitarización del VRAEM, donde todavía opera el grupo terrorista Sendero Luminoso.

"Es indispensable, al menos durante un año, comprar la hoja de coca a los actuales productores empadronados y a los que defina el nuevo padrón a construir", ha señalado el jefe de gabinete, Aníbal Torres. Y añadió que el gobierno de Perú promueve un "pacto social ciudadano" con los cocaleros para garantizar una adecuada política antidrogas para 2030.

Numerosas voces alertan de que las consecuencias del plan de Castillo podrían ser catastróficas. El general Astudillo, antes una autoridad en la zona, ha advertido de que "no solo el narcoterrorismo se va a expandir colosalmente, sino que después va a ser muy largo y trabajoso volver a controlar el VRAEM", ha señalado en declaraciones recogidas por Peru21.

Los medios locales también destacan que la cocalera pública ENACO no tiene los recursos ni para comprar toda la producción, ni mucho menos para competir con los bolsillos de los narcos. Sin embargo, los traficantes sí se beneficiarán de la desaparición de cualquier tipo de vigilancia con la bendición de un gobierno cómplice.

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