El primer gobierno de izquierda radical en Colombia encabezado por el que fuera miembro del grupo terrorista M19, Gustavo Petro, cumple este lunes un año en el poder. Desde que fue investido presidente, Petro no ha dejado la confrontación tanto dentro de su territorio como en relación con otros países.
Aunque los exabruptos de Petro comenzaron mucho tiempo antes de asumir el poder, sus actuaciones en estos doce meses se han caracterizado por el enfrentamiento en diferentes direcciones. Ya el acto de toma de posesión en la Plaza de Bolívar de Bogotá fue un claro guiño a los terroristas del M-19 al ser investido por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, compañero de Petro en el grupo terrorista.
Por otro lado, hace unos meses, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, señaló a través de un vídeo que Petro "desconoce la autonomía e independencia judicial" que es un "pilar esencial del Estado social de derecho". El propio fiscal general, Francisco Barbosa, señaló entonces que no se someterá a las presiones del presidente y agregó que "me imagino que tendré consecuencias contra mi vida y responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasar". Esto lo llevó a anunciar la salida del país de su familia "por temor a que sean asesinados".
En cuanto a su relación con los países de la región, Petro se ha mostrado muy cercano a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en especial en su posición respecto al golpista peruano Pedro Castillo a quien sigue defendiendo hasta hoy pese a su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2021 y que lo llevó a ser detenido por rebelión. El gobierno colombiano sigue sin reconocer la presidencia constitucional de Dina Boluarte y se ha referido a Castillo como "preso político".
Por otro lado, también ha mostrado su posición respecto a España. El pasado 2 de mayo, y poco antes de viajar a Madrid, se refirió a la liberación "del yugo español" que "condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad". Apenas un par de días después, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa y después de recoger la Gran Cruz de Isabel la Católica, ratificó dichas afirmaciones.
El último escándalo del Gobierno de Petro ha sido la denuncia realizada por su propio hijo, Nicolás Petro Burgos, sobre la financiación ilegal de su campaña electoral, lo que llevó hace unos días a su detención y de la exesposa de este, Daysuris Vásquez, acusados por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.
En el proceso de investigación de la Fiscalía, Nicolás Petro confesó que recibió dinero que luego fue utilizado para pagar la campaña de su padre, y se comprometió a entregar documentación, audios y otro tipo de pruebas como gesto de colaboración con la Justicia del país. Según el fiscal Mario Burgos, las cantidades aportadas habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de ese dinero no habría sido debidamente reportado ante las autoridades electorales. Además, señaló que Petro reconoció haber recibido "altas sumas de dinero" de Samuel Santander Lopesierra, alias "El hombre Malboro", dinero llegado desde el narcotráfico.
Ante esta situación que rodea a Petro, la incertidumbre se ha instalado en Colombia con una opinión pública cada vez más crítica con el exguerrillero y un gobierno que ha sufrido ya varios cambios de ministros en un intento de ganar tiempo, una estrategia que no ha logrado camuflar sus diversos escándalos.