Al menos 1.639 personas fueron ejecutadas por orden del régimen de los ayatolás durante el año 2025, según recoge el 18.º Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán, publicado por Iran Human Rights y Together Against the Death Penalty, que revela una escalada sin precedentes en el uso de la pena capital en el país del golfo Pérsico, al registrar la cifra más alta desde 1989 y un aumento del 68% respecto del año anterior, cuando hay constancia de la realización de 975 ejecuciones.
Las organizaciones no gubernamentales que firman el estudio explican que este aumento de las condenas a pena de muerte comenzó con la ola de represión lanzada por el régimen contra las protestas que se registraron en 2022 bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' y –por tanto– demuestra que las autoridades iraníes lo utilizan como una "herramienta para infundir miedo" y "disuadir" a la población de la convocatoria de nuevas manifestaciones.
Hablamos de una media de entre 4 y 5 ejecuciones diarias a lo largo de 2025. "Sin embargo, a finales de año, la gente volvió a salir a las calles para exigir sus derechos fundamentales, demostrando el fracaso de la política de la horca", ha destacado el director de Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, en referencia a la oleada de manifestaciones masivas antigubernamentales que estalló el 28 de diciembre y se mantuvo durante las primeras semanas de 2026 a pesar de la extrema violencia ejercida por el régimen para reprimirlas.
Juicios sin garantías
Para más inri, la mayoría de los asesinados pertenecían a sectores marginados de la sociedad iraní. Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM, ha señalado que "al menos 795 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con las drogas, muchas de ellas condenadas por tribunales revolucionarios tras juicios sumamente injustos y sin el debido proceso".
Cabe recordar que estos tribunales son órganos judiciales especiales que fueron creados en 1979 para "proteger" la República Islámica, juzgando fundamentalmente delitos contra la seguridad nacional, rebelión u oposición al régimen. La mayoría de los ejecutados en Irán fueron condenados a muerte por delitos comunes, señala el informe. Sin embargo, habría una "correlación significativa" entre el momento en el que se llevaron a cabo y los acontecimientos políticos.
La muerte como instrumento
Las ejecuciones tienden a aumentar "cuando las autoridades temen disturbios sociales" o "la atención de la comunidad internacional se centra en asuntos geopolíticos", subraya el estudio. Así ocurrió, por ejemplo, tras el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre de 2024, y la posterior escalada de tensiones entre Irán e Israel. Por el contrario, "suelen disminuir" en periodos preelectorales o durante las festividades de Nowruz o el Ramadán.
"La historia ha demostrado que las ejecuciones llevadas a cabo en nombre de la justicia durante los períodos de transición pueden convertirse rápidamente en instrumentos de represión y violan el derecho a la verdad", ha añadido Amiry-Moghaddam. "Si Irán quiere evitar repetir el trágico ciclo que siguió a la Revolución de 1979, la abolición de la pena de muerte debe ser un principio fundamental de cualquier futuro sistema democrático".
Las ejecuciones continúan
El jefe del Poder Judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, instó el martes 7 de abril a los tribunales a acelerar los procesos judiciales abiertos contra "agentes enemigos", en alusión a los presos políticos y participantes de las manifestaciones masivas registradas en enero por todo el país, tachando de "necesario" que tanto la emisión de sentencias como su ejecución, incluyendo la aplicación de la pena capital y la confiscación de propiedades, se haga "con mayor rapidez".
En ocasiones anteriores, Ejei ya había solicitado a los jueces que actuaran con dureza en los procedimientos contra los considerados los "espías". Muchos de ellos han derivado en ahorcamientos públicos como el del luchador de 19 años Saleh Mohammadi, condenado a pena de muerte por participar en las protestas antigubernamentales de principios de año. En esos primeros días de abril, se calcula que al menos diez personas fueron ejecutadas.
"Además de los cuatro manifestantes asesinados en los últimos días, han sido ejecutados seis presos políticos miembros del grupo opositor de los Muyahidín del Pueblo", señaló el director de Iran Human Rights en declaraciones a RFI el pasado 8 de abril. El régimen de los ayatolás había ejecutado al último –Ali Fahim, de 23 años– dos días antes de la entrevista. Las detenciones de manifestantes se cuentan por miles y la población se siente "abandonada", lamentó Mahmood Amiry-Moghaddam.