Aseguraba Francisco Camps en su discurso de dimisión estar "harto" de que el caso Gürtel hubiera ocultado en los medios de comunicación muchas cosas positivas de la Comunidad Valenciana. La verdad es que el asunto de los trajes ha eclipsado muchas cosas, no sólo elogiables sino también censurables de la gestión del PP valenciano. Cosas como el insaciable centralismo autonómico, que ha seguido vampirizado a las provincias de Alicante y Castellón en beneficio exclusivo de la ciudad de Valencia; cosas como la politización de las cajas de ahorros que ha terminado por arruinar a una de las otrora más prosperas entidades financieras de nuestro país, como era la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sólo dos días antes de su intervención por parte del Banco de España, la entidad financiera alicantina tuvo que renovar un préstamo de 200 millones al Gobierno valenciano, que, desde 2006, ya era el destinatario de tres de cada cuatro euros de las operaciones de crédito, aval o garantía que la entidad había realizado con las instituciones públicas de la Comunidad.
Está por ver que el asunto de los trajes haya acabado definitivamente con la carrera política de Francisco Camps. Pero, desde luego, si queremos que la victoria electoral del PP sirva para establecer las bases de la recuperación económica, lo que ya ningún representante popular con responsabilidad de gobierno debería poder hacer es seguir el mal ejemplo de Camps en lo que a gasto y endeudamiento público se refiere. La Comunidad Valenciana –por no hablar del Ayuntamiento de Valencia– es una de las instituciones públicas de nuestro país que más y a mayor velocidad se ha endeudado y una de las principales corresponsables de las elevadísimas primas de riesgo que está pagando la deuda española.
Es verdad que, en una reciente entrevista concedida a El Mundo, el nuevo presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, hacía público un compromiso con la austeridad que parecía un punto de inflexión frente a la rienda suelta que el gasto publico ha gozado en Valencia. Sin embargo, ya entonces ese compromiso del nuevo presidente me pareció demasiado vago y no suficientemente consciente del radical cambio de mentalidad que es exigible en los políticos en lo que a privatizaciones y recorte de gastos se refiere. Así, que Fabra se limitara a decir respecto a Canal 9 –uno de los cuatro canales de televisión pública que hay en la Comunidad Valenciana, cuya deuda asciende a los 1.500 millones de euros–, que lo que pretende es "garantizar el pluralismo", debe resultar hasta ofensivo para cualquier persona mínimamente consciente de la realidad financiera que los políticos deben de una puñetera vez de afrontar. Y es que la solución no pasa ni siquiera por reducir los déficits de las televisiones públicas, sino proceder a su inmediata puesta en venta y reducir con lo que se obtenga con ella la deuda que han generado estos pozos sin fondo.
No le echaré en cara al recién llegado presidente algo que ahora se ha sabido como es el hecho de que durante 2010 cada diputado valenciano gastara una media de 650 euros al mes en teléfono, pero desde luego sí que haya nombrado 83 asesores –entre 6 y 8 por consejería- con un coste de 4,45 millones de euros anuales.
Espero, no obstante, poder equivocarme con Fabra. Si es así, gustoso haría una recolecta para regalarle dos o tres trajes.