Lo que comenzó como una investigación sobre el uso de fondos europeos para condicionar la opinión pública ha desembocado ya en una batalla política de primer orden. Tal y como adelantó Libre Mercado, Bruselas ha sido señalada en repetidas ocasiones por permitir que ONG teóricamente independientes empleen recursos comunitarios para promover campañas ideológicas en áreas clave como el medio ambiente, la energía, la migración… y ahora también la salud.
Lejos de atenuarse, el fenómeno se intensifica. La última polémica gira en torno a las organizaciones vinculadas al ámbito sanitario, que están viendo recortada o condicionada su financiación en el marco del programa EU4Health. La Comisión Europea, presionada por grupos parlamentarios de centro-derecha y derecha, ha empezado a restringir que estas entidades usen fondos públicos para actividades de lobby o incidencia política, al considerar que esto entraña un "riesgo reputacional" para las instituciones de la UE.
La pasada semana, el Parlamento Europeo aprobó la creación de un grupo de trabajo para investigar la financiación que reciben las ONG por parte de la Unión Europea, en una victoria clave para los grupos políticos de derecha. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE) y respaldada por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y el grupo de Patriotas por Europa (PfE), representa el último paso en la ofensiva liderada por las fuerzas del centro a la derecha para aumentar el control sobre el uso de fondos comunitarios por parte de organizaciones que, en muchos casos, actúan como correa de transmisión de la agenda institucional. En contraste, las formaciones de centroizquierda y extrema izquierda —Socialistas & Demócratas, Renew Europe, Los Verdes y La Izquierda— votaron en bloque en contra de esta medida de transparencia.
La reacción de la izquierda
Tras la derrota, la izquierda ha salido al rescate de estas entidades a las que tan generosamente ha financiado a lo largo de los años. En una reciente reunión de ministros de Sanidad celebrada en Bruselas, tres titulares —Mónica García por España, Denis Kordež por Eslovenia y Frank Vandenbroucke por Bélgica— defendieron explícitamente la financiación de estas ONG. Según Mónica García, las organizaciones en cuestión son "absolutamente cruciales" para las políticas de prevención sanitaria, por lo que pidió mantener o incluso ampliar su respaldo económico. Vandenbroucke fue un paso más allá y cargó contra el sector privado, asegurando que estas entidades actúan como "contrapeso necesario frente al creciente grupo de lobbies financiados por la industria".
La ministra española, por su parte, omitió cualquier referencia a las denuncias sobre el uso partidista o ideológico de estos fondos. Tampoco se pronunció sobre las advertencias del Tribunal de Cuentas de la UE, que recientemente alertó del reparto de miles de millones de euros a ONG sin mecanismos eficaces de supervisión. Solo en el marco del programa EU4Health, el presupuesto asciende a 5.300 millones de euros para el periodo 2021-2027, aunque ya se ha recortado 1.000 millones que han sido desviados a otros fines.
Campañas ideológicas con dinero público
Como explicó este medio en un reportaje previo, la Comisión Europea ha impulsado —a menudo a través de programas como LIFE o CERV— campañas orquestadas que replican su narrativa regulatoria, desplazando cualquier disenso del debate público. Ahora el foco está en el ámbito sanitario, donde los artículos contra productos como el vapeo o las bolsas de nicotina se han multiplicado de forma explosiva, sin voces críticas ni contraste informativo. Solo en 2024, más de 140 publicaciones sobre esta cuestión se han detectado en medios españoles, frente a apenas cinco en todo 2023.
En el trasfondo, organizaciones como ENSP —una red beneficiaria de fondos europeos— aparecen como nodos desde los que se articula esta ofensiva que no busca tanto informar como condicionar la agenda legislativa. Todo ello justo cuando Bruselas se prepara para revisar la normativa comunitaria sobre productos de nicotina.
Bruselas cambia el paso
Ante las críticas crecientes, la Comisión ha empezado a mover ficha. La Agencia Ejecutiva de Salud y Digitalización (HaDEA), responsable de distribuir los fondos, ha enviado cartas a diversas ONG sanitarias advirtiendo que ya no podrán destinar dinero comunitario a actividades de lobby. Reuniones con funcionarios, envío de informes, elaboración de materiales políticos o identificación de eurodiputados para presionar... todo ello se considera ahora no financiable.
La decisión llega en un momento delicado. ONG del sector salud han reconocido estar recortando actividades y despidiendo personal por la falta de certezas sobre los fondos de 2025. Algunas denuncian que no han podido pagar sueldos durante meses. Una de las principales afectadas, la European Public Health Alliance, ha advertido que está "explorando todas las opciones legales, políticas y financieras para sobrevivir".
Cifras que preocupan
A nivel general, la UE destina 2.400 millones de euros al presupuesto de comunicación y medios en el periodo 2021-2027, de los cuales una parte creciente se canaliza a ONG y plataformas que actúan como vehículos de influencia. En el ámbito medioambiental, 30 ONG recibieron más del 40% del total de fondos comunitarios entre 2014 y 2023, lo que supuso un volumen conjunto de 3.300 millones de euros.
Si bien Bruselas ha intentado justificar este apoyo como una forma de "reforzar la democracia", el resultado ha sido, en muchos casos, una red de entidades dependientes del dinero público que repiten al pie de la letra el argumentario de la Comisión. Desde campañas contra la energía nuclear hasta el fomento de políticas migratorias maximalistas, el fenómeno de las "euro-marionetas" descrito por el Institute of Economic Affairsse repite con precisión casi mecánica.
La cuestión de fondo
Lo que está en juego no es únicamente un reparto presupuestario, sino una concepción sobre el papel de la sociedad civil en la democracia europea. Mientras los sectores de izquierda reclaman más dinero para ONG que, en la práctica, actúan como altavoces de la agenda comunitaria, crecen las voces que exigen transparencia, rendición de cuentas y pluralismo real.
¿Puede una ONG considerarse independiente si depende casi por completo de subvenciones públicas? ¿Es legítimo que estas entidades usen el dinero de todos para promover campañas ideológicas sin espacio para el debate? ¿Debe la UE financiar a quienes ejercen lobby a favor de sus propias políticas? Son preguntas incómodas que hasta ahora se respondían con silencios o aplausos. Pero algo está cambiando en Bruselas.