Este pasado martes contábamos en Libre Mercado como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, era presionada por un grupo de 150 líderes empresariales del sector de la movilidad eléctrica pidiéndole que mantenga el mandato legal que prohíbe la venta de coches y furgonetas con emisiones de CO2 en la Unión Europea a partir del año 2035.
Dicho "lobby" está conformado por diversas empresas del sector automovilístico, y en la carta (que no se ha hecho pública) que han enviado a la presidenta de la Comisión Europea está firmada por representantes de fabricantes de vehículos, empresas de baterías, proveedores de infraestructura de recarga, desarrolladores de software, operadores energéticos y firmas de ingeniería.
Entre dichas empresas se encuentran algunas de la talla de Volvo, Uber Cabify, Iberdrola, Ikea, LG Energy Solutions, Polestar, Vektor, Zunder, Wallbox o Circontrol, y en la carta le piden a von der Leyen que se "mantenga firme y no dé marcha atrás" en el plan para prohibir la venta de coches y furgonetas con emisiones de CO2 a partir del año 2035.
Tal y como se puede observar, estas empresas están tratando de ejercer una influencia sobre las políticas europeas en materia climática con el fin de defender sus intereses, algo que se evidencia en el hecho de que dichas empresas recuerden a la presidenta de la Comisión Europea las inversiones que han realizado desde que se anunció dicha medida contra los vehículos de combustión.
"Hemos comprometido cientos de miles de millones de euros en nuevas inversiones, creando más de 150.000 nuevos empleos", aseguran estas 150 empresas relacionadas con automóvil. Así pues, no se trata de una preocupación de estas marcas por el clima ni por el ecosistema, sino que lo que realmente les preocupa es poner en jaque las inversiones que ya han realizado y que les reportarán grandes beneficios.
Tampoco les preocupan a estas empresas los bolsillos de aquellas personas que no pueden permitirse la compra de un coche eléctrico, especialmente en España donde la gran mayoría de ciudadanos ni siquiera se plantean la compra de un vehículo eléctrico. Si la edad media del parque automovilístico en España ha pasado de 7,7 años en 2004 a 14,5 años de media en 2024 no es porque los españoles se hayan vuelto aficionados a los coches antiguos, sino porque nos hemos empobrecido en las últimas décadas.
No obstante, y para más inri, estas grandes empresas no sólo están pidiendo que no se retrase la prohibición de los vehículos de combustión para 2035, sino que también pide a la Comisión Europea una estrategia industria europea "mucho más sólida que amplíe la producción de baterías, asegure las materias primas y apoye la transformación de proveedores y fabricantes de maquinaria", así como "incentivos inteligentes y coherentes en todos los Estados miembros, para ayudar a todos los europeos a pasarse a los vehículos eléctricos". Esto último no deja de ser una ayuda encubierta a estas 150 empresas, ya que los grandes beneficiados de que los europeos se pasen al coche eléctrico son justamente estas empresas.
Con lo cual, empresas como Volvo, Uber, Cabify o Iberdrola no sólo están presionando a la Unión Europea para que no retrase la prohibición de los coches y furgonetas que emiten CO2 en 2035, sino que están reclamando más dinero público con la excusa de "ayudar a todos los europeos a pasarse a los vehículos eléctricos".