El debate sobre el Estado de las autonomías vuelve a ser de relevancia en un momento en el que el Gobierno de España utiliza la descentralización y las llamadas "singularidades" de cada región a su antojo con el único fin de utilizarlo en su beneficio político. Mientras que, por un lado, se nos presenta este modelo institucional como un avance con respecto al anterior régimen, al mismo tiempo, cuando una comunidad no aplica las políticas que le gustan al Ejecutivo, se plantea la posibilidad de llevar a cabo armonizaciones fiscales o cualquier otra intervención para satisfacer las demandas de los socios de Gobierno.
Lo mismo ocurre con la supuesta condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Desde la región que preside Isabel Díaz Ayuso se ha denunciado en reiteradas ocasiones que esta iniciativa perjudica a las comunidades más responsables fiscalmente y beneficia, de forma deliberada, a aquellas que más han despilfarrado el dinero público, lo cual supone un ataque frontal contra la legítima competencia entre regiones. Pero para el Gobierno esta medida es necesaria para garantizar la cohesión territorial.
En este contexto, la consultora Freemarket Corporate Intelligence, que preside el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, acaba de publicar un informe en el que, frente a la interesada utilización política que hace Sánchez del Estado de las autonomías, propone para España una hoja de ruta que dote de mayor autonomía a las regiones. Así, la consultora expone que esta reforma "lejos de fragmentar la cohesión territorial, la fortalecería al fomentar la eficiencia, la responsabilidad y la sostenibilidad financiera a largo plazo".
Federalismo fiscal
La reforma que propone la consultora pasa, en primer lugar, por aumentar la autonomía de las regiones y su capacidad tributaria, lo cual implicaría "otorgarles mayor capacidad para legislar y recaudar sus propios ingresos fiscales, lo que reforzaría la corresponsabilidad y el vínculo entre el gasto y su financiación". En este escenario, como segundo pilar de la reforma, el papel de la Administración General del Estado pasaría a estar dedicado a "garantizar servicios mínimos fundamentales en todo el territorio, la estabilización macroeconómica, la unidad del mercado y la provisión de bienes públicos puros". Por último, según la consultora, se debería imponer una estricta disciplina fiscal para las regiones con el fin de "evitar el endeudamiento insostenible y las externalidades negativas para el conjunto del Estado".
De este modo, Freemarket explica que la autonomía fiscal competitiva "produce beneficios económicos, políticos y sociales relevantes". Una de las ventajas de este modelo es que "cuando las autoridades autonómicas recaudan los impuestos que financian sus políticas, se crea una simetría entre la capacidad de decidir y la de rendir cuentas, lo que fomenta la transparencia (...)". Asimismo, la consultora defiende que la competencia fiscal entre regiones "promueve un uso más eficiente del gasto público", dado que la cercanía con el gobierno facilita la fiscalización del poder por parte de los ciudadanos.
Así las cosas, la consultora subraya que una de las debilidades más importantes del sistema actual radica en la falta de conexión entre el gasto de las comunidades y su financiación. "Las CCAA asumen responsabilidades de gasto significativas en servicios esenciales como sanidad y educación, pero una parte considerable de sus ingresos proviene de transferencias y fondos de coparticipación gestionados por el Estado central", aclara el documento, destacando que esto crea un riesgo moral. De este modo, la consultora Freemarket detalla que "la dependencia excesiva de las transferencias del gobierno central genera distorsiones, ya que las autoridades locales no se enfrentan directamente a los costes de generar ingresos, lo que conduce a un uso ineficiente de los recursos públicos y a endeudarse en exceso".
Precisamente por ello, la consultora explica que "la adopción de un federalismo fiscal competitivo busca revertir esta dinámica perniciosa", lo cual obligaría a cada región a asumir la responsabilidad de financiar sus propias políticas. "Este vínculo directo y transparente fomenta la corresponsabilidad y la rendición de cuentas, ya que las autoridades se ven obligadas a justificar sus decisiones ante sus votantes, quienes asumen el coste directo", expone el informe.
Impuestos más bajos
Por otra parte, el informe plantea también la necesidad de llevar a cabo importantes bajadas de impuestos para impulsar la eficiencia de este modelo. En concreto, la consultora que preside Bernaldo de Quirós defiende que el modelo autonómico "habría de encaminarse hacia un esquema en el cual el Estado estableciese un tipo federal bajo para el IRPF y el Impuesto de Sociedades, permitiendo a estas añadir un recargo en función de sus necesidades de gasto".
Asimismo, pese a que desde la izquierda puedan argumentar que este tipo de reducciones fiscales llevarían a una caída de la recaudación, desde Freemarket detallan que esta hipotética reducción de los ingresos del Estado "se vería compensada por la eliminación o la reducción sustancial de las transferencias directas a las CCAA, ya que estas se financiarían a través de la recaudación generada en su territorio con esos tributos y con aquellos de los cuales ya disponen".