Ya sea en mítines políticos, redes sociales o medios de comunicación, al hablar sobre economía los progresistas repiten siempre la misma retahíla de mantras, desde el buenismo y el desconocimiento, con el fin de denunciar las maldades del sistema capitalista, la avaricia de los empresarios o la necesidad de que el Estado controle la vida de los ciudadanos. Frente a ello, el filósofo estadounidense Michael Huemer acaba de publicar en español su último libro, Mitos progres, que si bien se centra en la realidad del país norteamericano, las ideas que plasma en él, además de la forma de razonar y abordar los problemas tratados, pueden servirnos para interpretar la realidad de nuestro país y detectar las trampas lógicas de la izquierda.
¿La riqueza se hereda?
El primer mito económico que Huemer desmonta es aquel que nos dice que la riqueza se explica principalmente por la herencia que recibimos de nuestros padres, las conexiones familiares o, en todo caso, la suerte. En consecuencia, dado este supuesto entramado de relaciones personales y económicas que privilegia sistemáticamente a los más ricos, los progres no dudan en denunciar que es prácticamente imposible para los más desfavorecidos prosperar a lo largo de sus vidas. Sin embargo, el filósofo explica que, a pesar de lo que sostiene la mayoría de progres, el número de millonarios que son ricos por haber recibido una herencia es mucho menor del que creemos.
En este sentido, Huemer desvela cómo una encuesta realizada a 10.000 millonarios entre los años 2017 y 2018 demostró que casi el 80% de los millonarios estadounidenses no había recibido ninguna herencia, mientras que sólo el 3% había heredado más de un millón de dólares. Otro de los estudios que demostrarían que el relato progre con respecto al ascensor social es totalmente falso, y que también recoge Huemer en el libro, viene auspiciado por la Reserva Federal, que subraya que el 1% más rico de EEUU ha heredado, en términos medios, 719.000 dólares.
En cualquier caso, Huemer no obvia que los hijos sí heredan ciertas cualidades de sus padres que podrían explicar la prosperidad que pueden lograr a lo largo de sus vidas. En este sentido, apunta que, entre estos factores, se podría considerar la educación que los padres más adinerados son capaces de ofrecer a sus hijos, algo que no considera injusto, puesto que podría verse desde la perspectiva de los padres: nadie defiende que éstos tienen derecho a ofrecer a sus hijos las máximas oportunidades sin interferir en la vida de terceros.
No obstante, para Huemer el factor determinante a este respecto es la genética: "los padres con ingresos más elevados suelen tener mayores aptitudes y rasgos de personalidad más beneficiosos, que tienden a transmitir a sus hijos", señala. Y deja claro que es una cuestión genética, dado que, haciendo una análisis comparativo de diferentes estudios, parece ser que la correlación entre los ingresos de los padres y los de los hijos en el futuro es mucho mayor en caso de que los hijos sean biológicos que si son adoptados. Por tanto, detalla Huemer, "lo que esto demuestra es que la forma en que los padres adinerados ayudan a sus hijos a enriquecerse no se basa principalmente en darles una mejor educación, una crianza más cuidad, mejores contactos u otros factores ambientes", sino que "lo hacen, sobre todo, transmitiéndoles buenos genes".
Los ricos sí pagan (muchos) impuestos
Otra de las creencias más extendidas entre la progresía es que los ricos no pagan impuestos o, en todo caso, que pagan mucho menos de lo que deberían, sobre todo en comparación con el resto de la población. No obstante, como explica Huemer, de entrada esta consideración radica en imputar a la riqueza de los más adinerados el conjunto de su patrimonio, que incluye un gran número de activos, como las acciones, que en realidad no son dinero líquido del que se pueda disponer directamente. Además, subraya que, pese a lo que estas personas puedan creer, los beneficios de una empresa no se traducen de forma inmediata en un aumento del valor de las acciones y, por tanto, del patrimonio personal de sus accionistas.
Asimismo, Huemer responde a quienes afirman que las grandes empresas en muchas ocasiones logran evitar pagar los impuestos que deberían y explica que, si esto ocurre, generalmente es porque la legislación fiscal permite que las compañías eludan el pago de parte de los tributos sin necesidad de recurrir a maniobras ilícitas o fraudulentas. Sin embargo, en este punto lo más interesante es que el filósofo desmiente el dogma izquierdista según el cual los ricos pagan menos impuestos que la clase media. Así, expone cómo la realidad es precisamente la contraria, porque en términos netos los más adinerados pagan más impuestos que las clases más bajas en tanto que, posteriormente, éstas últimas reciben mucho más del Estado en forma de servicios o transferencias.
El efecto de la regulación
Un tercer mito que desde la progresía se repite continuamente es que los consumidores se encuentran en una posición de indefensión frente a las empresas, que se aprovechan de esta situación, por lo que es necesario implantar una regulación que proteja a los consumidores de la voracidad de las empresas. El problema de esta concepción es no saber discernir en qué contextos y qué regulaciones concretas son positivas y están justificadas y cuáles no. El propio Huemer sostiene que algunas regulaciones, como la que restringió el uso de clorofluorocarbonos en aerosoles y frigoríficos, son positivas. Es más, para el filósofo este tipo de regulaciones sirve para evitar que las empresas o los particulares causen daños a otros sin su consentimiento.
Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellas normativas que suponen un mayor perjuicio que un beneficio para la sociedad? De acuerdo con Huemer, de entrada, estas regulaciones sirven para transferir dinero de los consumidores a los agentes más influyentes de un sector determinado, algo que la sociedad acepta por no lograr ver lo que ocurre de fondo. En este sentido, Huemer desmonta el relato según el cual las licencias profesionales benefician a los consumidores y detalla que estas medidas, precisamente, suelen ser apoyadas por los profesionales ya establecidos en un determinado sector, quienes tienen intereses evidentes en ello: les interesa reducir la competencia, impidiendo la entrada de nuevo competidores.
Asimismo, Huemer destaca que exigir una licencia no tiene por qué contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, explicando que, de hecho, es la competencia lo que tiende a fomentar que la calidad de los servicios sea mejor. Por otra parte, explica cómo muchas de las regulaciones que se impulsan desde los Gobiernos perjudican, precisamente, a las empresas más pequeñas, puesto que se imponen costes adicionales que las grandes empresas pueden afrontar más fácilmente.
De nuevo, el interés es claro: las empresas que impulsan estas regulaciones buscan reducir la competencia. En este sentido, Huemer explica que, aunque es cierto que en teoría los organismos públicos ponen en marcha las regulaciones con el fin de servir al interés general, no podemos obviar que el comportamiento de los gobiernos se explica en buena medida por las motivaciones que tienen los funcionarios y responsables de los mismos: quienes elaboran las normativas no tienen ningún incentivo a velar por la ciudadanía.
Pero, además, Huemer apunta también que en muchas ocasiones los grandes ejecutivos tratan de presionar al Gobierno en la toma de decisiones, puesto que influir en las regulaciones de su sector les resulta rentable. Pero ¿por qué iba a acceder una administración pública a satisfacer las demandas de una o varias empresas en particular que pretenden imponer su voluntad sobre las normas que regulan su sector? El motivo es sencillo: porque en muchas ocasiones los funcionarios que diseñan las normativas son personas con una dilatada experiencia en ese sector y es muy probable que en el futuro quieran regresar al sector privado.
Con todo, Huemer explica que muchos economistas, tras haber analizado el impacto de las regulaciones, han concluido que, en realidad, éstas suponen un efecto perjudicial sobre la economía, como es el caso de Ronald Coase (al que hace referencia el propio Huemer). En este sentido, el filósofo destaca que el efecto más importante de la regulación es que supone un freno para el crecimiento económico: "la regulación ralentiza el crecimiento económico porque dificulta la entrada de nuevas personas o empresas en un sector y reduce la capacidad competitividad de las pequeñas empresas frente a las grande", subraya.
Otro mitos progres
En realidad, los mitos económicos que todo progre cree ocupan una parte muy reducida del libro, porque Huemer se propone desmontar algunas de las creencias más extendidas entre los progresistas en cualquier materia. Por ello, también desmonta mitos científicos, raciales y de género, entre otros. Así, entre los mitos feministas, incluye una de las creencias que, en todo caso, también podría ser incluida entre los mitos económicos que todo buen progre ha de creer y repetir.
Este mito es el la brecha salarial de género, según el cual las mujeres, haciendo el mismo trabajado, ganan mucho menos dinero que sus homólogos varones. Pero lo cierto es que, como explica Huemer, las estadísticas utilizadas para afirmar tal cosa no tienen en cuenta la categoría profesional ni otros factores relevantes: así, no se refieren al mismo trabajo, ni tampoco a un trabajo equivalente. Por tanto, en primera instancia, la supuesta brecha de género se explicaría porque hombres y mujeres no realizan el mismo trabajo.
Además, el filósofo hace referencia a un estudio elaborado por el politólogo Warren Farrell, que identificó hasta 25 factores que podrían explicar las diferencias salariales entre trabajadores, y ninguno era su sexo. En realidad, Farrell apuntaba a factores como la peligrosidad del trabajo, la carga de trabajo acumulada, los riesgos financieros asociados, la horas de trabajo, el trayecto recorrido hasta el lugar de trabajo, las responsabilidad asociadas, la especialización de la formación o la productividad, entre otros. Todos ellos, subraya Huemer, son factores lógicos que, de por sí, no parecen justos ni injustos: "en general, tiene que ver con que el empleado aporta más a la empresa o acepte condiciones que la mayoría no estaría dispuesta a asumir (…)", detalla.