Uno de los temas más candentes de la actualidad es el que tiene que ver con la inmigración, y particularmente con la inmigración ilegal. En este sentido, los distintos partidos políticos ya van definiendo su postura ante una cuestión que cada vez preocupa más a los españoles.
En el caso del Partido Popular, su líder Núñez Feijóo ha propuesto que sólo puedan recibir el Ingreso Mínimo Vital aquellos inmigrantes que cuenten con permiso legal de residencia y hayan cotizado previamente en España. Es decir, el empadronamiento, un requisito que actualmente es suficiente para recibir ciertas ayudas sociales, dejaría de ser válido de aprobarse esta iniciativa, algo que ya contamos en Libertad Digital.
Estas propuestas han provocado las críticas del PSOE, quienes además aseguran que no hay ningún inmigrante ilegal que esté recibiendo una prestación como el Ingreso Mínimo Vital, ya que para poder recibirlo deben tener una residencia legal y efectiva en España durante el último año, además de estar empadronados.
Siendo ciertas estas dos condiciones de las que hemos hablado, también es verdad que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, algunas rentas mínimas de inserción u otras ayudas sociales han generado una ola de estafas y fraudes por las cuales hay inmigrantes ilegales que acaban cobrando de forma irregular alguna de estas prestaciones.
Ahora bien ¿qué relación tiene esto [el empadronamiento] con el cobro de distintas prestaciones como el IMV, la RMI u otras ayudas sociales? Pues que el empadronamiento es una condición necesaria para poder cobrar todas estas ayudas. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, es una de las condiciones junto con la residencia legal de al menos un año.
La RGI vasca, un "caramelo"
En cuanto a la Renta Mínima de Inserción, los casos varían en función de la comunidad autónoma en la que se esté. Por ejemplo, en el País Vasco no es necesario tener residencia legal sino únicamente tener un certificado de empadronamiento. Esto no es algo baladí, ya que las cuantías mensuales de la RGI (renta de garantía de ingresos) van desde los 853 euros a los 1.678 euros.
En plataformas como Wallapop o Milanuncios podemos encontrar numerosos anuncios de gestorías y asesorías legales que se ofrecen para ayudar a conseguir prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, entre otros servicios.
De lo observado en estas plataformas, tenemos lo siguiente: una persona ofreciéndose a "conseguir pagas como el IMV", otro anuncio de una persona vendiendo empadronamientos a extranjeros y españoles, otro anuncio de alguien que ofrece empadronamientos.
También encontramos a alguien que busca que lo empadronen en Aranjuez, otro de alguien que busca empadronamiento para trabajar, otro anuncio de alguien que vende un empadronamiento por 2 años a cambio de 400 euros, otro anuncio de alguien que busca que le empadronen a ella y a su pareja y, por último, a alguien buscando empadronamiento. Hemos tratado de ponernos en contacto con estos anunciantes particulares sin contestación, e incluso algunos anunciantes han borrado su anuncio tras nuestro contacto.
En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos de lo descrito:
Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con fuentes de la Guardia Civil que nos han contado lo siguiente:
En primer lugar, nos señalan que "en los últimos años se han multiplicado las investigaciones sobre casos que venden empadronamientos a personas en situación irregular. La falsificación de domicilio permite a este tipo de personas tramitar prestaciones públicas (como el Ingreso Mínimo Vital) o atenuar trámites migratorios. Las fuerzas de seguridad han detectado desde funcionarios cómplices hasta organizaciones criminales que cobraban por cada empadronamiento y blanqueaban los beneficios obtenidos."
"El empadronamiento es la inscripción en el padrón municipal que acredita residencia en un municipio. Al empadronarse una persona obtiene datos (certificados, justificantes de residencia) que muchas administraciones piden como requisito para prestaciones sociales, ayudas autonómicas o para acreditar arraigo. Las organizaciones fraudulentas ofrecen, a cambio de una prestación económica, inscribir a personas en domicilios falsos, viviendas no habitadas o incluso direcciones inventadas, con documentos o actuaciones administrativas manipuladas", nos explican desde la Guardia Civil.
Algunos casos recientes y cifras a nivel nacional son los siguientes:
Játiva (Valencia)
Operación conjunta que desarticuló una trama dedicada a empadronamientos ilegales. Según la investigación, cobraban alrededor de 350 euros por empadronamiento, empadronaron a unas 250 personas y obtuvieron cerca de 135.000 euros; se detuvo a varias personas y se intervino efectivo y documentación. Este caso ejemplifica la comercialización masiva del servicio.
Alcudia (Mallorca)
Detención de un funcionario municipal acusado de empadronar de forma fraudulenta a cientos de personas, en ocasiones utilizando viviendas inexistentes o en construcción. El caso muestra la participación directa de personal público en la maniobra.
Sueca (Valencia)
Arresto por empadronar ilegalmente a más de 100 personas en una vivienda y publicitar el servicio por redes sociales. Es otro ejemplo donde el promotor ofrecía el trámite abiertamente para cobrar por cada alta.
Operaciones previas de Guardia Civil/Policía:
"Las fuerzas de seguridad han comunicado múltiples actuaciones contra redes que facilitaban empadronamientos irregulares y defraudaban a la Seguridad Social y otras administraciones, algunas vinculadas a delitos de falsedad documental, fraude a la administración y favorecimiento de la inmigración irregular."
Así se usa el empadronamiento falso para obtener prestaciones, como nos informan desde la Guardia Civil:
- Alta en el padrón en un municipio: la organización criminal facilita la inscripción en una vivienda (real, insalubre, vacía o inexistente) o manipula formularios con la colaboración de un interviniente. (Casos con funcionarios implicados han sido documentados).
- Obtención de certificados: con el justificante de empadronamiento o el volante de empadronamiento la persona solicita certificados que exigen las prestaciones.
- Solicitud de prestaciones (p. ej. IMV): el solicitante presenta el empadronamiento como prueba de convivencia o residencia para cumplir requisitos de residencia y unidad de convivencia. Si la solicitud pasa los controles iniciales, la administración puede empezar a abonar la prestación.
- Blanqueo/transferencia de beneficios: en tramas organizadas, el dinero percibido (o prestaciones obtenidas) puede ser objeto de circuitos para blanquearlo o repartido entre los implicados.
Tipos de actores implicados:
- Tramas organizadas (intermediarios que hacen publicidad y cobran por cada alta).
- Particulares que alquilan o ceden direcciones a cambio de una cantidad).
- Funcionarios municipales o empleados públicos (cuando hay colaboración interna para registrar personas sin requisitos reales).
- Intermediarios que ofrecen un paquete completo: alta en padrón + gestión de la documentación necesaria para solicitar ayudas.
En resumidas cuentas, vemos que sí que es posible recibir prestaciones sociales a través del empadronamiento y que no son pocos los casos de fraudes y estafas que tienen como protagonistas a inmigrantes ilegales junto con funcionarios y organizaciones criminales.