El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que permitirá intervenir el mercado del aceite de oliva durante la campaña 2025/26. La norma, firmada por Luis Planas y que únicamente estará vigente durante la temporada que arranca en unas semanas, permitirá al Gobierno ordenar la retirada obligatoria de aceite cuando las existencias iniciales y la producción estimada alcancen el 120% de la media de las seis campañas anteriores.
"En base a los aforos comunicados por las comunidades autónomas a principios del mes de octubre, no parece que se vayan a alcanzar los umbrales y condiciones para la aplicación efectiva de la medida, pero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha optado por tener disponible la norma por si fuera precisa su aplicación", ha señalado el propio ministerio en un comunicado.
El director adjunto de Asoliva, Rafael Pico Acevedo, ha explicado a Libre Mercado que el cálculo sería el siguiente: 1,9 millones de toneladas de producción media de las últimas seis campañas, menos el stock de este año que asciende a 280.000 toneladas, daría como resultado unos 1,62 millones de toneladas. "Estamos muy lejos de eso. Estamos rozando los 1,4 millones de toneladas de producción", señala Pico Acevedo, por lo que es muy posible que la medida intervencionista no llegue a activarse.
"Todo esto comenzó porque con las lluvias de marzo y abril, las perspectivas eran muy buenas y todo el mundo pensó que íbamos a tener una cosecha récord. Por eso, el Ministerio se puso a trabajar en esta orden a petición de las organizaciones agrarias y de las cooperativas para retirar mercancía del mercado a partir de un determinado nivel de producción", señala Pico Acevedo.
En el caso de que sí se alcanzase una cosecha superior a las 1,62 millones de toneladas, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios fijará antes del 15 de noviembre el porcentaje de aceite que deberá retirarse de forma obligatoria y que podría llegar hasta el 20% de la producción. Cada almazara decide qué categorías de aceite almacena hasta la siguiente campaña o destina a usos no alimentarios.
Una intervención de precios contra las rentas bajas
El Ministerio que dirige Luis Planas se escuda en la normativa europea (artículo 167 bis del Reglamento de la organización común de los mercados agrarios) y justifica la medida como una herramienta para "evitar un descenso de precios en origen que desestabilice el mercado" en el caso de que haya una buena cosecha. Es decir, a pesar de que haya mucho aceite, el precio no bajará porque el Gobierno se encargará de intervenir la oferta para mantener los precios artificialmente altos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido tajante en su informe: la retirada obligatoria de aceite "encarecerá los precios, reducirá la variedad y la calidad del producto, y afectará especialmente a los consumidores de rentas más bajas". Además, advierte de que esta intervención puede distorsionar el funcionamiento competitivo del mercado, afectando también a distribuidores, exportadores y cooperativas.
Desde Asoliva, Rafael Pico explica que, como asociación que defiende el libre comercio, están en contra de la medida: "Creemos que el precio del aceite, como todo en el mercado, se regula por oferta y demanda. No estamos a favor del intervencionismo del Estado". Además, argumentan que la medida resta competitividad al mercado español de exportación de aceite de oliva y abre paso a los productores de otros países que sí tienen producto con el que comerciar.
"Nosotros entendemos que para conseguir una mayor retribución no se debe recurrir al intervencionismo, sino que debe hacerse a través de la promoción para que aumente el consumo de los aceites de oliva. Entendemos que aumentar el consumo es la única manera de aumentar el precio para toda la cadena productiva", explica Pico Acevedo.