España avanza hacia un modelo social preocupante: más dependiente del Estado, con salarios estancados y con una creciente bolsa de ciudadanos atrapados en la exclusión. Los últimos datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son el síntoma más visible de una enfermedad que se agrava: 2,36 millones de personas ya dependen de esta prestación, repartidas en 773.272 hogares, y su crecimiento no es coyuntural. Solo en el último año, el número de beneficiarios ha aumentado un 20%, y las prestaciones activas un 19%. Lejos de generar inquietud, el Gobierno presume de estas cifras como un éxito social, cuando en realidad revelan una fractura económica de primer orden.
Desde su aprobación en 2020, el IMV acumula un coste de 18.000 millones de euros, y solo en octubre supuso 532 millones. Pero lo grave no es el coste, sino el efecto sobre el empleo. La AIReF ya advirtió que estas prestaciones incrementan el "salario de reserva", es decir, reducen el incentivo para trabajar: cobrar subsidios puede disminuir la probabilidad de aceptar un empleo entre un 12% y un 20%, especialmente entre jóvenes. El 90% de los perceptores permanece más de un año con la ayuda; el 60%, más de tres. No es una red de emergencia: es una trampa de pobreza.
Al mismo tiempo, los salarios españoles se alejan cada año más de la media europea. El salario medio español en 2024 fue de 33.700 euros, frente a los 39.808 euros del conjunto de la UE. La brecha, que en 2008 era de apenas 1.341 euros, hoy supera los 6.100 euros anuales. Y, en términos relativos, el salario medio español ya solo representa el 84,6% del europeo. La precariedad no es un discurso: es una estadística.
El deterioro social es evidente. España es hoy el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza o exclusión social: un 34,6%, frente al 24,2% europeo. En 2018, antes de la llegada de Pedro Sánchez, la cifra era del 30,5%. También la población general refleja un problema profundo: el 25,8% está en riesgo de pobreza, cinco puntos por encima de la media europea.
¿De qué sirven entonces los récords de recaudación, el crecimiento del PIB o los fondos europeos? La realidad es que España es un país que presume de macroeconomía mientras su gente se desliza hacia la pobreza estructural. Si cada año más ciudadanos necesitan el IMV para sobrevivir, si los salarios se alejan de Europa y la exclusión crece, no estamos ante un éxito social: estamos ante el fracaso más elocuente de la política económica española.