Las instituciones comunitarias presumen desde hace años de su agenda oficial de "Mejora Regulatoria" (Better Regulation), pero la realidad discurre por otro camino muy distinto. De hecho, el nuevo Índice Europeo de Calidad Regulatoria elaborado por Epicenter concluye que la legislación comunitaria es cada vez más extensa, más compleja y menos transparente, pese a tres décadas de continuas promesas de "simplificación".
El estudio en cuestión analiza 61 directivas aprobadas entre los años 2022 y 2024. Sus resultados son inequívocos: la producción normativa emanada de Bruselas y sus instituciones se aleja cada vez más de los estándares de calidad y viene experimentando un crecimiento notable que no solamente se plasma en el volumen de normativa aprobada, sino también en la densidad lingüística y técnica de las regulaciones implementadas.
Uno de los datos más llamativos del estudio es el análisis del lenguaje de las directivas adoptadas de 2022 a 2024. Según Epicenter, la longitud media de las frases en las directivas europeas asciende a 39 palabras, casi el doble de las 20 palabras que marca la Plain English Campaign como estándar para garantizar la comprensión de texto legal por parte de un ciudadano medio.
A ello se suma un promedio de 250 caracteres por frase y de dos comas por oración, cifras que revelan una redacción farragosa y difícil de seguir incluso para expertos. De hecho, el propio informe concluye que un ciudadano necesitaría entre 4 y 6 horas para leer con atención y comprender de forma general una única directiva —muchas de las cuales superan las 30.000 palabras—, debido a su manifiesta complejidad sintáctica.
Los ámbitos con redacciones más opacas son el "derecho de establecimiento" y la "libertad de prestación de servicios", pero también se observan textos laberínticos en otros campos como el "derecho mercantil", donde las frases superan las 45 palabras de media. A esto hay que sumarle la extensión media, que ha subido de un promedio histórico de 24,4 páginas al pico de 33,3 folios alcanzado en el año 2023.
El sector de la energía, donde cada directiva llega a cubrir casi 70 páginas, es el más afectado. También destacan por su extensión las normas de medio ambiente, consumo y salud, que alcanzan un promedio de 40 páginas. Pero la cosa no acaba aquí, puesto que, a pesar de que la Comisión Europea insiste en que toda nueva legislación cumple con estrictos estándares de evaluación, el informe de Epicenter ha detectado lagunas importantes:
- Solamente el 6,6% de las directivas incorpora una hoja de ruta (roadmap).
- Apenas un 42,6% incluye una evaluación de impacto inicial.
- Las posibles repercusiones territoriales solo se estudian en el proceso de aprobación del 36,1% de las directivas.
- Únicamente el 19,7% de estas regulaciones incluyen un estado financiero que permita conocer el coste real de implementación para los Estados miembros.
El informe contextualiza este deterioro en una tendencia de fondo que viene de largo. Desde el Tratado de Maastricht, la producción normativa europea ha crecido un 700%, con un repunte muy notable bajo la Comisión Von der Leyen, que ha elevado en un 14% la cifra total de nuevos actos legislativos. Este aumento no ha sustituido normativa nacional, sino que se ha superpuesto, elevando el coste regulatorio para empresas y administraciones.
En países como Dinamarca se estima que más del 60% de las reglas en vigor provienen ahora de Bruselas, de modo que los esfuerzos de sus gobiernos nacionales por reducir la presión normativa lidian con la problemática de tener que desarrollar nuevas pautas legislativas por indicación de la UE. Peor aún: Bruselas prepara nuevas iniciativas en materia digital, ambiental y fiscal, de modo que el informe de Epicenter llega en un momento crucial y hace un necesario llamado a adoptar menos normas, de menor extensión y de mejor redacción y claridad.