La voracidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda vive su momento dorado. No porque la economía española esté para alegrías —la desaceleración de los beneficios empresariales en los grupos consolidados lo deja claro—, sino porque el Gobierno ha decidido convertir el impuesto sobre Sociedades en una herramienta de caja a corto plazo. Las cifras hablan solas: hasta octubre, las medidas introducidas por la Ley 7/2024 han generado 3.091 millones de euros, un 16,6% más de lo previsto por la propia AIReF. Una recaudación inflada no por mayor actividad económica, sino por un notable endurecimiento normativo que actúa, de facto, como una subida de impuestos encubierta.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, avalando los polémicos pagos fraccionados calculados sobre el resultado contable y no sobre la base imponible real, ha terminado de cerrar el círculo. La mayoría del tribunal, con la magistrada Segoviano como ponente y Conde-Pumpido como arquitecto del alineamiento gubernamental, ha decidido que este sistema no vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31. Pero cinco magistrados han levantado la voz con una contundencia poco habitual: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías. Su voto particular es una enmienda a la totalidad del fallo… y, en realidad, a la deriva fiscal del Ejecutivo.
Los discrepantes describen lo que ocurre como "una suerte de negocio piramidal": los pagos anticipados de hoy sirven para financiar devoluciones de ingresos indebidos del ejercicio anterior. Una financiación a coste cero para el Estado, y un adelanto forzoso para las empresas. Y no se quedan ahí: denuncian que se está obligando a tributar por "rentas ficticias", al tomarse como base el resultado contable sin ajustes, sin compensación de bases imponibles negativas y sin excluir rentas exentas. Un auténtico disparate técnico para cualquier fiscalista, pero extraordinariamente útil para un Gobierno ávido de liquidez inmediata.
La Ley 7/2024 endurece aún más el mecanismo: límites más restrictivos a la compensación de bases negativas —del 70% al 50% o incluso al 25% para grandes empresas— y una nueva forma de consolidación de pérdidas que ha supuesto más de 1.000 millones adicionales en julio y casi 1.000 millones más en el segundo pago anticipado de octubre. Todo ello mientras los beneficios empresariales se frenan y los pagos a cuenta apenas crecen un 4% en octubre, frente al 14% del primer anticipo.
En suma, Hacienda celebra récords de ingresos mientras exprime a las compañías para cuadrar sus propias urgencias políticas. Y el Constitucional, lejos de proteger el principio de capacidad económica, avala un modelo que incluso cinco de sus magistrados califican de inconstitucional, artificioso y profundamente desequilibrado. Un sistema fiscal que vive de adelantos crecientes y rentas inexistentes difícilmente puede llamarse justo. Pero sí muy rentable… para el Gobierno.