Caos y desconcierto con la decisión del Ministerio de Hacienda de posponer su Gran Hermano fiscal a 2027. Esta semana, el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu. Su implantación iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero para las empresas del país que pagan el Impuesto de Sociedades y el próximo 1 de julio en el caso de los autónomos y el resto de las pymes.
Con esta herramienta, el fisco pretende controlar la mayoría de las facturas que se emiten en España de forma exhaustiva y en tiempo real. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda publicó un vídeo en el que recordaba a todos los afectados los plazos obligatorios que tendrían que cumplir en 2026. Sin embargo, pocos días después han cambiado de opinión, lo que se deduce que atrasar Verifactu no ha sido una decisión analizada, precisamente con tiempo.
Estupor entre los asesores fiscales
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) no dan crédito al cambio en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a pocos días de la entrada en vigor de la norma. "Si bien es cierto que muchas empresas, pymes y autónomos han recibido esta prórroga con alivio, el aplazamiento a tan solo un mes de su entrada en vigor transmite un mensaje profundamente negativo para la sociedad y el conjunto del empresariado" consideran.
Una reforma anunciada desde hace años "no puede verse retrasada en el último momento, sin que ello evidencie una falta de planificación por parte de la propia Administración" añaden.
La pérdida de tiempo y de dinero entre muchos empresarios y autónomos, que ya habían cambiado sus sistemas de facturación para hacerlos compatibles con Verifactu y ante la amenaza de multas de hasta 50.000 euros, son evidentes. "Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos —guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal— han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes para numerosos sectores y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración" critica esta asociación.
El perjuicio entre los que decidieron cumplir de forma diligente con las ideas del Gobierno es total. "Estas empresas habían realizado ya inversiones significativas, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa".
Por tanto, "el aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente. Una modernización fiscal de la envergadura de Verifactu exige anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certidumbre y conocimiento. Modificar en el último momento una obligación de tal relevancia afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal".
A la merma en la seguridad jurídica generada por Hacienda, hay que sumarle "un elemento especialmente preocupante: el mensaje que esta decisión lanza a la ciudadanía y al tejido empresarial. Empresas que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo en adaptarse a tiempo se sienten ahora desincentivadas, mientras que quienes no han acometido la preparación necesaria pueden percibir que esta falta de previsión resulta, en la práctica, premiada" consideran.
Este efecto "es profundamente desalentador y proyecta una señal inequívocamente negativa hacia el futuro: "no se adelante, no invierta, no planifique demasiado, porque la norma puede cambiar a última hora". Un mensaje que mina la confianza, introduce incertidumbre en la toma de decisiones y genera la duda razonable de si situaciones como esta pueden volver a repetirse" concluyen.