El Gobierno ha dado a conocer su fórmula para modificar el actual sistema de financiación autonómica con el objetivo principal de contentar a Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este viernes los detalles de un plan que pretende regar a las CCAA con 20.975 millones de euros extra en 2027.
El Ejecutivo puede entregar a las autonomías esta cuantía gracias al festín recaudatorio que está cosechando Hacienda en los últimos ejercicios. A falta de conocer el dato de diciembre, las arcas del Estado superaron ya el pasado mes de noviembre, y por primera vez, los 300.000 millones de euros de recaudación. Se trata de 27.362 millones de euros más que en el mismo periodo de un año antes, y una cuantía muy similar a la anunciada hoy. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de reducir el déficit del Estado y de que otros gastos, como los intereses de la deuda, van en aumento, Montero ha reconocido que el Estado tendrá que renunciar a poder "disfrutar" de ciertas partidas de financiación, como los aumentos de los presupuestos de algunos ministerios.
Trampa de la cesión de IRPF e IVA
Montero ha señalado que, en total, las regiones contarán con 224.507 millones de euros. De los 20.975 millones de financiación adicional en 2027, la mayor parte procederá de la cesión a las regiones de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA (15.756 millones), aunque también de otras partidas, como la posibilidad de ingresar parte del IVA de las pymes (2.084 millones), el nuevo fondo climático (1.004 millones) o el mecanismo de statu quo (404 millones).
En materia tributaria, la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55%, en el caso del IRPF, y del 50% al 56,5%, en el caso del IVA. Eso sí, aunque esta medida pueda parecer una cesión autonómica positiva para Cataluña y también para la Comunidad de Madrid, que es la que más recauda por estas figuras, la idea del Ejecutivo viene acompañada de otras medidas que perjudican a las regiones que bajan impuestos, como la de Ayuso.
Herencias, en la diana
Así, la intención de la ministra de Hacienda para 2027 es "poner algún límite" al supuesto "dumping fiscal" que, a su juicio, están acometiendo algunas Comunidades Autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.
Montero no ha concretado cuál será ese límite, pero ha explicado que la discusión podría darse en torno a si el Estado se reservara un mínimo de imposición en esas figuras tributarias o si se limitaría la capacidad de disminución por parte de las comunidades. "Lo que sí nos parece importante es poner topes y mecanismos para que no se produzcan vaciamientos fiscales. Nos parece una buena iniciativa la que hicimos con el Impuesto de Patrimonio, pero la someteremos a discusión", ha proclamado Montero.
La ministra ha vuelto a decir que con algunos impuestos, como Patrimonio, se ha producido en España un "vaciamiento fiscal" porque, primero Madrid, y después muchas más regiones, han decidido bonificarlas en torno al 100%. Por ello, el Gobierno quiere seguir avanzando en secuestrar más tributos autonómicos, por lo que Montero ha sido preguntada por si estaría planteando hacer lo mismo con Sucesiones, un impuesto que Montero lleva años queriendo subir a la fuerza en las regiones donde lo tienen bajo. La ministra ha admitido que es uno de ellos.
Más prebendas a Cataluña
Montero también ha hablado de la reunión de ayer jueves entre Junqueras y Sánchez, en la que se alcanzó un acuerdo sobre el modelo de financiación de Cataluña que incluye la aplicación del principio de ordinalidad y una aportación extra para Cataluña de 4.700 millones de euros.
Sin embargo, ese principio de ordinalidad (que reciba más la que más aporta) no regirá en Madrid, a pesar de ser la que más aporta a la caja común, aunque quedará garantizado en Cataluña. "La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las CCAA.
Montero también ha explicado los nuevos cambios en los criterios de población ajustada y ha señalado que incorporará a la cesta de impuestos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.
Así, con los nuevos cálculos, la Comunidad de Madrid incrementaría sólo en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027, casi la mitad de lo que lo harían Andalucía, que recibiría 4.846 millones de euros más, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.
Tras Madrid está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.
Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones). En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.
Montero presentará esta nueva propuesta de modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles de la próxima semana, para después iniciar una serie de reuniones bilaterales con las regiones para dar "mayor detalle" del modelo.
Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde tiene que aprobarse, con el objetivo de que "el nuevo modelo pueda entrar en vigor el año que viene".
Otra de las novedades propuestas por Montero pasa por dar la posibilidad a las comunidades autónomas de salir del actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.
Este sistema de "caja común" permitiría que las regiones recibieran los ingresos de IRPF e IVA "cada mes", igual que el Estado, una opción voluntaria, aunque quienes la elijan tienen que permanecer en ella por un periodo mínimo de cinco años.