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Del SMI a las pensiones: qué ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y qué no

El Ejecutivo valida el alza del 2,7% para las pensiones y el decreto antidesahucios, pero no incluye la subida del SMI.

El Ejecutivo valida el alza del 2,7% para las pensiones y el decreto antidesahucios, pero no incluye la subida del SMI.
Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid. | Europa Press

Tras haber fracasado en el Congreso, donde los votos negativos de PP, Vox, Junts y UPN produjeron el rechazo de la Cámara Baja al decreto ómnibus, el Gobierno se ha visto obligado a dividir este documento en dos decretos distintos, desvinculando la revalorización de las pensiones y el decreto antidesahucios. Sin embargo, el Ejecutivo no ha incluido todas las medidas anunciadas en las últimas semanas en materia social y laboral. ¿Qué ha aprobado hoy el Gobierno? ¿Qué no ha aprobado el Consejo de Ministros?

Pensiones y desahucios

En el decreto sobre pensiones aprobado este martes en Consejo de Ministros se establece la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas se incrementarán un 2,7% este año. Por su parte, las pensiones mínimas subirán más de un 7%. Del mismo modo, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%. Además, cabe destacar que el decreto incluye otras medidas como la regulación de una cotización adicional para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales.

Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional. Con todo, se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización, fijando el límite máximo de cotización en los 5.101,20 euros y actualización la cotización del MEI (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y la "cuota de solidaridad".

En relación con el denominado "escudo social", el Gobierno ha prorrogado la prohibición de los desahucios "para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por falta de pago de rentas". Además, se prorroga el bono social energético, además de la garantía suministro de agua y energía para los consumidores, hasta finales de año. Por otra parte, se prorroga la prohibición de despido para las empresas beneficiarias de ayudas públicas, que establece los motivos por los que no podrá producirse el despido de un trabajador.

Del mismo modo, también se incluyen modificaciones en la fórmula para estimar el IPRF, así como de los regímenes simplificado y especial del IVA aplicable a la agricultura, la ganadería y la pesca. En este decreto también se aprueban los incentivos fiscales aplicables a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables. De hecho, se aprueba también la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. Asimismo, se incluye la actualización del régimen de imputación de las rentas inmobiliarias en el IRPF y la extensión de las ayudas directas por la DANA.

El SMI queda fuera

Pero los socios de Gobierno han adelantado durante las últimas semanas la aprobación de otras medidas en materia social y laboral que, no obstante, no se encuentran entre las iniciativas a las que Consejo de Ministros ha dado luz verde. Entre ellas, la más destacada es la subida el salario mínimo, que desde la izquierda venden como un auténtico avance en derechos sociales, ignorando los efectos negativos que supone, desincentivando la contratación de las personas de menor cualificación.

Precisamente, a finales de enero en Libre Mercado informamos de que el ministerio de Trabajo había llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a pesar de la negativa de las patronales de empresarios. De hecho, cabe destacar que, con el nuevo incremento, serán ya seis las subidas consecutivas puestas en marcha por el Ejecutivo sin tener en cuenta la opinión de los empresarios, contando únicamente con la aprobación de los sindicatos.

Así las cosas, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este martes que el decreto en el que se incluirá esta subida del 3,1% del salario mínimo se encuentra actualmente en trámites para aprobarlo, finalmente, entre mediados y finales de este mes de febrero. Así lo ha adelantando en una rueda de prensa sobre los datos de paro y afiliación de enero de 2026, donde ha destacado que el objetivo es incluir esta revalorización en el BOE "como mucho" en tres semanas.

Al respecto, Pérez Rey ha querido enfatizar que "la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 es inminente", subrayando que "aplicaremos esa medida de manera retroactiva". De hecho, el secretario de Trabajo ha defendido que no es imprescindible incorporar la prórroga del SMI de 2025 al nuevo decreto ley que se aprueba este martes, dada la "inminente" subida del salario mínimo este año, subrayando que "entre otras cosas, porque ya no podía ser una prórroga en sentido estricto una vez que ya estamos bien metidos en el año 2026".

Asimismo, Pérez Rey ha sostenido que es factible aprobar la subida del SMI de forma automática, contando únicamente con la aprobación del Consejo de Ministros. "Para actualizar la cuantía del salario mínimo interprofesional, no se necesita acudir ni al Consejo de Estado, ni se necesita un proceso especialmente complejo o tortuoso desde el punto de vista de los informes a solicitar", ha defendido, detallando que "la subida del SMI es básicamente la actualización de un decreto y como tal se trata, y es algo que se puede hacer en un tiempo relativamente rápido". De esta forma, también ha anunciado que la reforma de las reglas de absorción y compensación se producirá "en breves", aunque confirma que se dilatará en el tiempo por necesidad legislativa.

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