Un juzgado de Barcelona ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que abandonó su puesto para atender una urgencia veterinaria. La sentencia, dictada en febrero de 2026 por el Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona, abre la puerta a "un nuevo enfoque en los conflictos entre obligaciones laborales y el cuidado de los animales de compañía", según ha informado la asociación animalista Anima Naturalis.
El caso afecta a una teleoperadora de la empresa Majorel SP Solutions, que faltó a su trabajo el 29 de noviembre de 2024 tras recibir una llamada urgente de la clínica veterinaria donde se encontraba su perra. El animal había empeorado de forma súbita y los veterinarios recomendaron aplicar la eutanasia de manera inmediata para evitarle un sufrimiento mayor.
La trabajadora abandonó su puesto sin autorización previa y regresó una vez finalizado el proceso veterinario, cinco minutos antes de concluir su jornada laboral. La empresa utilizó esta ausencia, junto a otras tres supuestas faltas en un mes, para justificar un despido disciplinario por ausencias "muy graves", de acuerdo con el convenio del sector del contact center.
Sin embargo, tras analizar cada una de las ausencias, el magistrado señaló que la del día de la eutanasia, no fue una ausencia "caprichosa", sino de una situación "imprevisible, humanitaria y ética", recoge la sentencia analizada por la asociación animalista. Además, el juez añade que habría resultado "inmoral" obligar al animal a prolongar su agonía hasta que la trabajadora terminara su jornada.
Sobre las otras faltas cometidas ese mismo mes, el juzgado consideró que una de ellas fue un simple retraso y las otras dos sí pudieron calificarse como ausencias injustificadas. Pero al no alcanzarse el número mínimo exigido por el convenio para un despido disciplinario, la decisión empresarial fue declarada improcedente.
Majorel deberá ahora elegir entre readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones o extinguir el contrato abonando una indemnización de 4.116 euros.
La ley de bienestar animal
Aunque la ley de bienestar animal no contempla permisos laborales por urgencias veterinarias, el juez la utilizó como marco interpretativo para valorar la responsabilidad de las personas que conviven con animales. De hecho, la norma animalista considera que toda conducta que por acción u omisión (en este caso, retrasar la eutanasia) implique daño o sufrimiento para el animal es una infracción grave, sancionable con multa de entre 10.000 y 50.000 euros.
La sentencia no es vinculante para otros juzgados, pero sienta un precedente relevante porque, en opinión de Anima Naturalis, "refleja un cambio social profundo: los animales ya no son considerados simples objetos, sino seres vivos que dependen totalmente de nosotros". La asociación también subraya que el fallo no crea un permiso automático, pero sí reconoce que, en situaciones extremas, las razones humanitarias deben ser tenidas en cuenta.