Presumir de que una ayuda pública llega cada vez a más gente es, en el fondo, la confesión de un fracaso sistémico. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la red de subsidios en el eje central de su política económica, pero los datos oficiales de 2026 dibujan una realidad inquietante: España no está erradicando la pobreza, la está cronificando y, lo que es peor, la está subvencionando con el dinero de un contribuyente cada vez más asfixiado.
Según los últimos datos, el gasto en el IMV se ha disparado hasta superar los 18.800 millones de euros acumulados, protegiendo ya a más de 2,4 millones de personas. Si sumamos a esto los más de 24.400 millones de euros anuales que el Estado destina hoy a prestaciones y subsidios por desempleo —un 40% más que al inicio de la legislatura—, nos encontramos ante una factura de la miseria que crece sin control mientras el Ejecutivo saca pecho por unas cifras de paro "oficial" que no cuadran con el volumen de gente que necesita una paga pública para sobrevivir.
El círculo vicioso de la dependencia
El problema no es la existencia de una red de seguridad, sino que esta se haya convertido en una trampa de cristal. Al elevar el gasto en subsidios de subsistencia por encima del incentivo al trabajo real, se está enviando un mensaje peligroso: la pobreza es un estado permanente que el Estado debe gestionar, no solucionar. El hecho de que hoy haya 391.000 beneficiarios más del IMV que hace solo un año no es una victoria social; es el reconocimiento de que la inflación y la falta de dinamismo laboral han arrojado a cientos de miles de familias más al pozo de la vulnerabilidad.
Una economía basada en la subvención
Resulta paradójico que el Gobierno presuma de "récords de afiliación" mientras la nómina mensual del IMV alcanza los 458 millones de euros. Si la economía va como un cohete, ¿por qué la factura para mantener a los que no trabajan o no llegan a fin de mes es más alta que nunca?
Estamos ante una política que prioriza el voto cautivo del subsidio frente a la dignidad del empleo productivo. Subvencionar la miseria en lugar de fomentar la riqueza es una estrategia cortoplacista que hipoteca los Presupuestos Generales del Estado y condena a España a ser un país de ciudadanos dependientes. Reconocer que hay más pobres que necesitan ayuda es, sencillamente, admitir que el modelo ha fallado.