Hace unos días, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que no se presentará como candidata en las próximas elecciones generales. En este sentido, Díaz aseguró que "la política es dura, especialmente para las mujeres" y defendió estar "orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva". De hecho, los principales representantes del Gobierno y de Sumar aprovecharon para alabar el trabajo de la ministra al frente del Ministerio de Trabajo.
No obstante, lo cierto es que el Gobierno, en general, y Yolanda Díaz, en particular, no tienen nada que celebrar en relación con el mercado de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se ha dedicado a negociar sus propuestas al margen de los empresarios. Por ello, no resulta de extrañar que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no haya lamentado mucho la decisión de la ministra.
Adiós a Yolanda Díaz
Yolanda Díaz no será candidata a las próximas elecciones generales. Lo cierto es que, al menos aparentemente, el anuncio fue recogido con cierta tristeza desde la izquierda política, que quiso poner en valor el paso de la líder de Sumar por el Ministerio de Trabajo. Pero los empresarios, aunque Díaz asegure que los empresarios la felicitan por subir el SMI, seguramente han tomado esta noticia de una manera muy distinta.
Concretamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este viernes se refería al anuncio de la ministra de Trabajo en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3. Cabe recordar que Garamendi ha tenido que negociar directamente con Díaz las propuestas del Ministerio y ha vivido de primera mano cómo de este se ignoraba la opinión de los empresarios.
Al respecto, si bien ha asegurado que "en lo personal, le deseo lo mejor", Garamendi ha ironizado con que "no sé si es bueno lo malo conocido que lo peor por conocer". Así, el presidente de la CEOE ha defendido que Díaz "se ha equivocado profundamente" en las decisiones que está tomando y en su "monólogo social". De hecho, ha denunciado que Trabajo ha generado, con sus decisiones, "inseguridad jurídica y una falta de confianza enorme en las empresas para contratar a la gente".
Desastre laboral
La política de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo se ha caracterizado por los continuos ataques a las empresas, el populismo, el incremento de la rigidez del mercado laboral, el aumento de los costes y, además, la precarización del trabajo. Al respecto, el sindicato USO subraya que la contratación indefinida a tiempo completo se sitúa por debajo del 20% del total –mientras que más de la mitad de los indefinidos lo son a tiempo parcial– y que el ritmo de contratación está bajando.
Esta evolución del mercado de trabajo no es casual, sino fruto del intervencionismo del Gobierno. De entrada, la tasa de paro todavía se mantiene en torno al 10%. Eso admitiendo que las estadísticas laborales son correctas, puesto que no podemos olvidar que, gracias al uso que hace el Ejecutivo de figuras como las de los fijos discontinuos, cerca de un millón de personas que no trabajan no son contabilizadas como parados. Según los cálculos de USO, si en las estadísticas se incorporan estas personas entre los desempleados, veríamos que la tasa de paro crecería de forma notable.
Una de las políticas que desde el Ministerio se nos ha pretendido vender como un logro extraordinario es el paulatino incremento del salario mínimo, que acumula una subida del 66% desde 2018. El problema es que el establecimiento de un precio mínimo como este implica un exceso de oferta que genera paro, sobre todo si tenemos en cuenta que expulsa del mercado a aquellos trabajadores cuya aportación a la producción se sitúa por debajo de dicho umbral, que son los de menor cualificación y experiencia.
Otra de las iniciativas –recientemente aprobada en Consejo de Ministros– con las que Díaz ha dicho proteger a los trabajadores es el Estatuto del Becario, que implica mayores exigencias para las compañías que incorporan a jóvenes para realizar prácticas no laborales. Sin embargo, al igual que el SMI, estas políticas afectan especialmente a aquellos a los que, se supone, pretende beneficiar, dificultando la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.
Sin embargo, las dos propuestas estrella de Díaz, que todavía no ha logrado sacar adelante, son el registro horario y la reducción de la jornada laboral. Ambas, una vez más, implican más trabas para la actividad de las empresas y, por tanto, un freno para la contratación. Concretamente, la reducción de la jornada laboral, al no venir respaldada por un incremento de la productividad, lo que haría sería afectar a la capacidad productiva de nuestro país.
En este contexto, el absentismo se ha disparado de forma notable, representando un coste de 128.668,7 millones de euros, según los cálculos de Foro Regulación Inteligente. Además, de acuerdo con los datos del INE, los costes laborales totales se sitúan ya en los 3.111,76 euros por trabajador y mes, siendo el coste salarial, en cambio, de 2.268,00 euros. De hecho, el organismo detalla en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral que son las cotizaciones el elemento que más crece.
Pero ¿por qué se empeña Yolanda Díaz en aprobar estas medidas? Quizás la razón de fondo, más allá de resultar un ejercicio de cara a la galería política, sea que la ministra tiene una visión del trabajo extraordinariamente negativa.