Durante años, España trató la defensa como una antigualla presupuestaria: algo necesario para desfilar, incómodo para debatir y siempre aplazable a la hora de pagar. La defensa era eso que hacían otros mientras nosotros disfrutábamos de los dividendos morales de no mancharnos demasiado las manos con asuntos desagradables. Pero la Historia, que tiene la mala costumbre de no pedir permiso al Consejo de Ministros, ha vuelto a recordar que la seguridad no es una superstición militarista, sino una condición previa para casi todo lo demás.
Por eso no seré yo quien critique que España gaste más en defensa. Al contrario. Lo criticable no es que se incremente una partida largamente postergada, sino que ese incremento acabe convertido en coartada contable. La paradoja es magnífica: el gasto de defensa, tan olvidado por una España oficialmente alérgica al uniforme, puede terminar siendo la mejor defensa de la imagen fiscal de un Gobierno pacifista.
El Gobierno prevé que el gasto computable crezca un 4,2% en 2026, por encima del 3,5% fijado en su Plan Fiscal Estructural, aunque dentro de los márgenes europeos gracias a la flexibilidad vinculada al gasto en defensa. En 2025, el gasto primario neto ya creció un 4,5%, también por encima del objetivo inicial, pero dentro de los márgenes permitidos mediante esos mecanismos de flexibilidad. Dicho de otro modo: gastamos más de lo previsto, pero cumplimos, porque una parte del gasto ha recibido el sacramento europeo de la excepción.
La cláusula nacional de escape permite excluir del cálculo parte del aumento del gasto en seguridad y defensa, y España la solicitó a Bruselas el 13 de abril, igual que otros 17 Estados miembros. El incremento del gasto en defensa registrado en 2025 equivale a 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable y habría permitido alcanzar el 2% del PIB en gasto militar según estimaciones de la OTAN. La defensa nacional, por tanto, protege fronteras, compromisos internacionales y, llegado el caso, hasta la reputación presupuestaria.
No deja de tener gracia. Durante décadas, el gasto militar era presentado como una concesión incómoda a la derecha, a la OTAN o a los americanos, según el auditorio. Ahora se convierte en la partida que permite al Gobierno sostener que cumple las reglas fiscales europeas. El casco, convenientemente contabilizado, también sirve de paraguas. Y uno empieza a sospechar que el antimilitarismo español era menos doctrinal que presupuestario: molestaban los tanques, sí, pero sobre todo si había que pagarlos sin truco de contabilidad.
La cuestión de fondo no es si hay que gastar más en defensa. Hay que hacerlo. Europa ha descubierto, tarde y con gesto sorprendido, que el mundo no se defiende solo con seminarios, fondos europeos y comunicados de profunda preocupación. La guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la creciente inseguridad estratégica han devuelto la defensa al centro de la política pública. España no puede seguir aspirando a vivir en una urbanización geopolítica con vigilante pagado por los vecinos.
Pero precisamente porque la defensa es importante, conviene no usarla como maquillaje. Si España necesita gastar más en defensa, debe decirlo y asumirlo. Eso implica priorizar, reasignar y explicar qué otros gastos pierden preferencia. La defensa no debería ser una alfombra bajo la que esconder el polvo fiscal, sino una partida seria en un presupuesto serio. Lo contrario convierte una necesidad estratégica en una indulgencia presupuestaria.
La AIReF había advertido de riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional y europea, y estimaba para 2026 un crecimiento del gasto neto del 5,9% frente al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo. También calculaba que el crecimiento acumulado del gasto neto entre 2024 y 2026 sería del 15,9%, frente al 13% comprometido, lo que superaría el límite acumulado admitido por la normativa europea. La aritmética, como suele ocurrir, era antipática. Por suerte, la política siempre encuentra una nota al pie.
El Gobierno prevé un déficit del 1,5% del PIB en 2026 excluyendo todos los elementos extraordinarios, del 1,6% si se descuentan determinados gastos derivados de inundaciones y DANA, y del 2,1% computando todas las partidas. También prevé que la deuda pública se sitúe en el 99,3% del PIB, por debajo del umbral psicológico del 100%. El cuadro queda presentable: déficit controlado, deuda por debajo de tres cifras y cumplimiento europeo. Es casi enternecedor. La realidad no cambia, pero mejora mucho en PowerPoint.
Toda regla fiscal moderna vive rodeada de excepciones, y es razonable que así sea: una regla sin válvulas de escape puede ser tan peligrosa como un Gobierno sin restricciones. Pero los principios contables se llaman principios porque están al principio y no se mueven. Su rigidez no es un defecto: es la condición misma de la medida. Si cada ejercicio se redefine qué computa y qué no, la comparación entre periodos se vuelve imposible y la regla pierde su oficio. Una cifra deja de ser un dato cuando exige diccionario para entenderla. El problema empieza, por tanto, cuando la excepción deja de ser una emergencia y se convierte en método. Primero se diseña una senda. Luego aparece una prioridad inaplazable. Después se activa una cláusula. Finalmente se proclama el cumplimiento. La disciplina fiscal queda intacta, siempre que uno no sea demasiado exigente con el significado de la palabra disciplina.
En el fondo, España no está sola. Europa entera está aprendiendo que la seguridad cuesta dinero. La diferencia es que algunos países han mantenido durante décadas una cultura estratégica, mientras nosotros hemos cultivado una cultura de la externalización moral. Que defienda otro, que invierta otro, que disuada otro, que pague otro. Nosotros ya pondremos el manifiesto. Ahora que toca pasar por caja, descubrimos que el gasto militar puede ser, además de necesario, contablemente oportuno.
Conviene insistir: gastar más en defensa no es el problema. El problema es no querer admitir que todo gasto público, incluso el necesario, compite con otros gastos y exige renuncias. La defensa nacional merece prioridad porque sin seguridad no hay bienestar, ni comercio, ni Estado social, ni derechos efectivos. Pero una prioridad no deja de costar porque Bruselas permita excluirla parcialmente del cálculo. Las bombas no computarán igual, pero se pagan con euros perfectamente computables.
Quizá la conclusión sea sencilla. España debe gastar más y mejor en defensa. Debe hacerlo por convicción estratégica, no por conveniencia estadística. Y debe explicar qué sacrificios presupuestarios exige esa decisión, porque gobernar no consiste en sumar prioridades sino en elegir entre ellas. El presupuesto que aspira a satisfacer a todos termina sin satisfacer a nadie: cuando todo es prioritario, nada lo es. Elegir resulta impopular en el corto plazo y rentable en el medio. Es, en realidad, la única forma de gobernar que no se confunde con administrar promesas.
Lo demás es liturgia. Cumplir la regla gracias a una cláusula de escape puede ser jurídicamente correcto y políticamente útil. Pero no deja de ser una forma elegante de decir que la regla necesitó escolta. Esta vez, al menos, la escolta venía del Ministerio de Defensa.