Los más puristas dirán, no sin razón, que el título de hoy, analizado al margen de ideologías, implica una cierta redundancia. Si lo aceptamos sin discusión es porque asumimos que los órganos, y hasta las personas físicas y jurídicas que desempeñan una función, en tanto que representantes del Estado, o en cuanto a su titularidad pública estatal, suelen ser arrogantes en extremo.
Dicho esto, reconozco que la arrogancia desmedida, y sobre todo cuando es continuada, tiene grandes peligros para la sociedad en su conjunto pues, acaba en abusos, comportamientos inapropiados para la dignidad que representan y, en definitiva, daños irremediables para aquél en nombre de quien actúan: el Estado, la Comunidad Autónoma, el Municipio… Dada su representación, creen poder actuar irresponsablemente, haciéndolo con abuso de la confianza inspirada por razón de cargo o titularidad.
Adentrémonos, pues, en el tema que nos trae hoy a estas páginas, que no es otro que, el de los llamados rescates de empresas del sector privado con problemas económicos. Interpreto que de los múltiples significados del término rescatar, estamos hablando, con la RAE, de liberar de un peligro, daño…
Anticipo, y con ello sé que acreciento mis enemigos, mi respeto por el empresario, figura esencial en el crecimiento económico y social. De su acción empresarial se derivan dos derechos: derecho a la percepción de beneficios, si la gestión ha sido eficiente, o el derecho a quebrar, asumiendo las pérdidas que ello implique, si la gestión fue errónea o ineficiente.
Dos casos están en la mente de todos: uno, anterior en el tiempo, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por cincuenta y tres millones de euros, y en un proceso judicial por presunta corrupción; el otro, el rescate de Tubos Reunidos, por un préstamo de ciento doce millones ochocientos mil euros, aprobado en 2021, al parecer usando fondos de la Unión Europea, y que ha entrado recientemente en procedimiento concursal de acreedores.
Ambas cantidades fueron entregadas como prestamos, para su reestructuración, con un buen fin: salvadas la reestructuración y eficiencia, la devolución del principal más los intereses devengados.
De la primera entidad, Plus Ultra, no me consta que haya instado el concurso de acreedores, aunque parece que sus propietarios –accionistas venezolanos–, han abandonado la empresa, con permiso del Gobierno español, pese a lo pactado en el préstamo concedido.
Dos cuestiones son relevantes en ambos casos: la primera es quién analiza la solvencia de una empresa para que la Sepi acuerde rescatarla, para su ulterior funcionamiento; segundo, hasta dónde llega la arrogancia de la Sepi, para considerarse capaz de sanear y gestionar nuevamente las empresas, cuando sus anteriores gestores no lo fueron.
Lo que sí que se ha demostrado, al menos en el primer caso, es su capacidad para atraer focos de corrupción que, en parte, están ya sub judice ante los Tribunales competentes. Entre las incógnitas, nos preguntamos que, por mucha que sea la arrogancia de la SEPI ¿puede llegar a sentirse capaz de hacer bien, saneamiento, gestión eficaz… lo que sus empresarios originarios hicieron mal, tanto como para determinar su cierre?