Muchos pensarán, no sin razón, que el título no es nada nuevo. Efectivamente, puede haber percances en la aprobación de un Presupuesto. Por esta razón, el propio legislador estableció que, llegado el caso, se prorrogaría automáticamente el Presupuesto aprobado para el año anterior. Una prórroga que actuaría, ope legis, por dos motivos: uno, evitar el colapso de las cuentas; el otro, porque no había otro presupuesto presentado y aprobado en tiempo y forma.
Nada parecía oponerse a que el Presupuesto aprobado para un año estuviera vigente, por fuerza mayor, en el año subsiguiente para el que fue aprobado. Lo que no cabría imaginar es que aquella concesión, por elusión de responsabilidades, abarcaría varios años de prórrogas sucesivas. Así, han transcurrido tres años sin presentación y, por tanto, sin oportunidad para la aprobación de nuevos presupuestos.
Si la pregunta me la hubiera formulado mediado el siglo XVIII –época de mercantilismo y fisiocracia–, o incluso final de dicho siglo y del siguiente siglo XIX –con gran predominio del clasicismo–, ¿es necesario que se disponga de un Presupuesto del Sector Público aprobado para el año que debe estar vigente? Mi respuesta habría sido, claramente, que no importaba demasiado pues el Presupuesto del Estado era, por así decirlo, una simple cuenta de ingresos y gastos, sin otros efectos en la economía.
Las cosas cambiarían a partir de la publicación por John M. Keynes de su obra The General Theory of Employment, Interest and Money, MacMillan and Co. Ltd. (primera edición, febrero 1936). Aquella neutralidad, que había sido la norma, se modificaría sustancialmente, atribuyéndole la función de fijar objetivos macroeconómicos que aprobaría el **Poder Legislativo**, y para lo que se dotaría al **Ejecutivo** de un instrumento –el **Presupuesto del Sector Público**– en el que este respondería ante el pueblo del grado de consecución de aquellos objetivos aprobados.
¿Qué objetivos? Los objetivos macroeconómicos: crecimiento, estabilidad, limitación de efectos cíclicos de la economía, redistribución de rentas… todo ello, aprobado por el Parlamento, constituiría la política económica del Gobierno de la Nación.
Los medios eran evidentes: política fiscal, política monetaria, política económica general, todos ellos convergentes en un Presupuesto que cada año se sometería a la discusión y aprobación del Parlamento. Desde ese momento, no es concebible que, como sistema político, un Gobierno no disponga de unos objetivos a los que dirigirse, acordes con la voluntad del pueblo, para su consecución.
Se dirá que sí que hayPresupuestoprorrogado desde el aprobado en diciembre de 2022, cuando la situación económica de España y de los españoles es bien diferente hoy a la del momento de su aprobación. Basta observar el desvío de responsabilidades –pandemia, guerra en Irán, restricciones de la producción– ante situaciones adversas como la desaceleración, inflación, paro, población en riesgo de pobreza… España, junto con Grecia, son los dos países con mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza, 25,7% y 27,5% respectivamente, para una **UE** de los 27, con una media del 20,9%.
Dicho lo cual, ¿seguimos pensando que no hay objetivos que obliguen a un presupuesto que los garantice?