En lugar de impulsar un mayor dinamismo en el mercado de la vivienda, liberalizando el suelo y favoreciendo la construcción de inmuebles, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere poner parches con los que aparentar que está desarrollando importantes iniciativas en esta materia. De hecho, el Ejecutivo utiliza como excusa, entre otras cuestiones, el cambio climático para hacer milmillonarios desembolsos relacionados con la vivienda.
Sin embargo, lo cierto es que este gasto de dinero, que en principio estará destinado a mejorar la eficiencia energética de los edificios, supondrá en realidad un despilfarro de una cantidad ingente de recursos públicos. Este es el caso del denominado Plan Social para el Clima, que el Gobierno ha presentado este lunes y permanecerá en audiencia pública hasta el próximo 29 de junio.
Plan Social para el Clima: despilfarro milmillonario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta del Plan Social para el Clima, que inicia ahora su fase de audiencia pública y supondrá la movilización de más de 9.000 millones de euros destinados a medidas de vivienda, movilidad y transición energética. Así las cosas, el Gobierno ha informado de que prevé remitir el plan definitivo a Bruselas antes de que termine el año para acceder a la financiación vinculada al Fondo Social para el Clima de la Unión Europea.
En este sentido, con el fin de justificar este despilfarro de dinero, durante el acto de presentación Sánchez ha defendido que la transición ecológica debe desarrollarse bajo criterios de 'justicia' y evitar que los costes recaigan sobre los hogares con menos recursos. De hecho, ha defendido que no haya que elegir "entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo".
Al respecto, el Gobierno incide en un comunicado en que este plan, que abarca el periodo 2026-2032, "centrará su capacidad inversora en colectivos vulnerables, en dos ámbitos clave: los edificios y el transporte por carretera, con el objetivo de facilitar que la descarbonización de la economía continúe mejorando la calidad de vida, la habitabilidad y la equidad social". De hecho, según el Ejecutivo, el plan "se concibe como un instrumento de acompañamiento y protección estable" cuyo diseño "prioriza la reducción permanente de las necesidades energéticas de los hogares y las empresas vulnerables, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles para estos colectivos".
Precisamente, el Ejecutivo explica que este plan se enmarca en el Fondo Social para el Clima. En consecuencia, "contará con una dotación financiera de 9.099 millones para el periodo 2026-2032, financiada mediante la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima, junto con una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan". Así, la distribución de los fondos se estructura en dos grandes bloques: el 52% del presupuesto (4.723 millones) se destinará al sector de los edificios, mientras que el 48% restante (4.376 millones) se dirigirá al sector del transporte.
Concretamente, como detalla el propio Gobierno, el presupuesto destinado al componente de edificios, que contará con 4.723 millones de euros, "se configura como una herramienta clave para modernizar el parque residencial español". Al respecto, el Ejecutivo explica que "las medidas previstas buscan reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO₂".
De este modo, el Gobierno destinará 1.813 millones a la promoción de vivienda asequible, 1.220 millones para la rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables y 923 millones para la rehabilitación de edificios residenciales. Además, gastará 278 millones para la rehabilitación de viviendas individuales, 300 millones para dar impulso al autoconsumo colectivo y a sistemas de almacenamiento energético entre 'comunidades energéticas y consumidores activos', así como 27 millones de euros para la 'creación y consolidación de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital', además de 162 millones en proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social.
Por otra parte, el componente de transportes, con el que se movilizarán 4.376 millones de euros, destinará 2.269,6 millones para la descarbonización del transporte por carretera –con un gasto millonario para apoyar la renovación de flotas de vehículos, el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020 y a la adquisición de vehículos eléctricos ligeros de trabajadores autónomos y microempresas–, además de 964,8 millones en impulsar el transporte público asequible y accesible. Además, se gastarán 702 millones en movilidad rural para responder a la dependencia del vehículo privado en el medio rural.
Asimismo, el plan incluye una partida de 370,5 millones de euros que se destinarán al impulso a la movilidad activa, que supondrá la construcción de infraestructuras ciclistas y la implantación de sistemas públicos de bicicleta. Por su parte, se gastarán 26,2 millones en la adaptación de infraestructuras y mejoras de accesibilidad en estaciones ferroviarias. Finalmente, se destinarán 43 millones para la "creación de más de 40 aparcamientos intermodales en la Red de Carreteras del Estado para fomentar el uso compartido del vehículo en los desplazamientos cotidianos".