Una de las claves del crecimiento económico reside en la acumulación de capital, el incremento de la productividad y el impulso de la inversión. Todo ello permite que se incremente la riqueza real y la renta disponible, aumenten los salarios y mejoren las condiciones de vida de una sociedad. Por ello es tan preocupante que en países como España se grave con una fiscalidad excepcionalmente alta la inversión y el ahorro.
En Libre Mercado hemos informado de que nuestro país castiga la inversión empresarial con una doble imposición del 47,5% en los dividendos, mientras la media de la Unión Europea se sitúa en el 38,8%. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, donde el organismo incide en los problemas que supone la doble imposición económica que sufren los dividendos.
Sin embargo, la Unión Europea pretende introducir importantes cambios en lo relativo a la imposición fiscal que se aplica sobre los dividendos. De este modo, la Comisión Europea adoptó el pasado 24 de junio una propuesta de modificación de directivas que tiene por objetivo ampliar la exención de las retenciones sobre dividendos, intereses y cánones entre empresas de distintos Estados miembros, eliminando el requisito mínimo de participación y simplificando los procedimientos.
Incentivar la inversión
Según detallan fuentes del Ejecutivo comunitario a Libre Mercado, el pasado 24 de junio la Comisión Europea adoptó una propuesta de modificación de directivas para ampliar la exención de las retenciones sobre dividendos, intereses y cánones entre empresas. Estas mismas fuentes explican que, en estos momentos, la propuesta forma parte del "paquete de simplificación fiscal para racionalizar el cumplimiento y mejorar la competitividad del mercado único", que para su aprobación final tendrá que ser votado por unanimidad en el Consejo Europeo y sometido a consulta del Parlamento Europeo "al ser fiscalidad directa".
En cualquier caso, según se establece en el documento, la Comisión Europea admite que esta propuesta "refleja la necesidad de garantizar que el marco fiscal directo de la Unión siga siendo coherente, proporcionado y eficaz". De este modo, se detalla que el objetivo "es simplificar el marco vigente de la Unión en materia de fiscalidad directa para reducir las cargas administrativas innecesarias, mejorar la seguridad jurídica y garantizar el funcionamiento coherente del mercado interior".
En este sentido, el Ejecutivo comunitario sostiene que la propuesta "es coherente con la política fiscal directa vigente en la UE". En este sentido, incide en que la iniciativa "simplifica y moderniza el acervo comunitario en materia fiscal directa, manteniendo los objetivos originales de las directivas", señalando además que "contribuye al objetivo más amplio de la Comisión Europea de reforzar la competitividad de la Unión mediante la reducción de cargas administrativas innecesarias, la mejora de la seguridad jurídica y la facilitación de la inversión y la actividad empresarial transfronterizas en el mercado interior".
Del mismo modo, el documento detalla que "en lo que respecta a la exención de la retención de impuestos sobre los flujos financieros de intereses, regalías y distribución de beneficios dentro de la Unión Europea, la propuesta se basa en los avances iniciados por FASTER —una normativa aprobada en 2024 para simplificar y acelerar la devolución de los impuestos retenidos en exceso por dividendos e intereses en inversiones transfronterizas— y aborda las superposiciones, la fragmentación y los requisitos (…) obsoletos que generan costos desproporcionados para las empresas que operan transfronterizamente en la Unión".
Con todo, la Comisión Europea asegura que "la propuesta contribuye al objetivo de reforzar la competitividad en la Unión reduciendo los obstáculos que afectan a la inversión transfronteriza y a la actividad económica dentro del mercado interior". Así, el organismo sostiene que esta iniciativa reducirá "significativamente" las cargas administrativas y "contribuirá a impulsar otras prioridades de la Comisión, como la creación de una sólida Unión de Ahorros e Inversiones".
Exención de las retenciones a dividendos
Concretamente, la Comisión Europea propone una ampliación de la exención de las retenciones sobre dividendos, además de intereses y cánones, eliminando el requisito mínimo de participación, exigido hasta ahora para acceder a la exención de las retenciones sobre dividendos y otras distribuciones de beneficios entre empresas de distintos Estados miembros. Con este cambio, los dividendos podrán acogerse a la exención con independencia del porcentaje de participación que mantenga la sociedad matriz en la filial, ampliando así el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria.
Otra de las novedades de la propuesta consiste en la eliminación, con carácter general, de los procedimientos de autorización previa que algunos Estados miembros exigen antes de aplicar la exención de las retenciones. Según el texto, serán los propios contribuyentes quienes determinen inicialmente si cumplen los requisitos para acogerse al beneficio fiscal, mientras que las administraciones tributarias podrán realizar controles posteriores y aplicar las normas contra el fraude cuando proceda.
Por otra parte, la propuesta introduce modificaciones similares en la Directiva sobre intereses y cánones. Así, también desaparecería el requisito de participación mínima entre las empresas para acceder a la exención de las retenciones sobre estos pagos. Además, Bruselas incorpora una salvaguarda para evitar situaciones de doble no imposición cuando los pagos se dirijan a jurisdicciones que no graven esos rendimientos o apliquen un tipo cero.
En consecuencia, en el documento presentado la Comisión Europea señala que, en conjunto, el paquete de simplificación "reducirá los costos de cumplimiento y los costos financieros relacionados en el mercado interno en aproximadamente 6.600 millones de euros al año, de los cuales unos 2.000 millones de euros al año corresponden a costos recurrentes relacionados con cargas administrativas". En este sentido, el organismo explica que "la reducción total de costes para los contribuyentes empresariales derivada de la introducción de una exención total de intereses, regalías y dividendos asciende a unos 5.340 millones de euros anuales".