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País Vasco

Imaz presiona al Constitucional porque no debe "ni admitir a trámite" el recurso

Después de que el Gobierno central pusiera fecha a la presentación del recurso al Plan Ibarretxe, el próximo jueves, el Ejecutivo vasco se ha apresurado a lanzar retos y advertencias. Dice Imaz que el Constitucional ni siquiera debe admitir a trámite el recurso y que si lo hace puede "pasar a la Historia como un tribunal que impidió el pluralismo democrático". Zaplana insiste en el que plan separatista es el ataque más duro a la Constitución desde el 23-F.

Relegan de su puesto en el Ayuntamiento de Amorebieta a un nacionalista crítico con el giro del PNV

Las presiones del PNV para apartar de cualquier puesto destacado a los críticos con la línea oficial marcada por Ibarretxe se han acentuado en los últimos meses. Los “michelines”, como los llama Arzalluz, son objeto de persecución ideológica. El último en denunciarlo ha sido un empleado del Ayuntamiento de Amorebieta. El caso de Joseba Arregi o de los hermano Guevara vuelve a repitetirse.

Los socialistas vascos desacreditan el recurso al TC dentro de la campaña de desmarque del PSOE

Primero fue Caldera y luego, en tono más crítico, López Aguilar. Ahora son los socialistas vascos los que escenifican el desmarque tras el anuncio del Gobierno de recurrir al Constitucional el Plan Ibarretxe. El PSOE da la espalda a la petición del PP para que haya unidad de acción frente al desafío separatista de Ibarretxe. Arzalluz reta al Gobierno y dice que "tenemos preparadas las baterías, jurídicas, no de las otras". En la misma línea, el Gobierno vasco habla de "estado de excepción democrático".

Del Castillo exige la retirada de la circular que cataloga de "inmigrantes" a los alumnos no vascos

La ministra de Cultura y Educación, Pilar del Castillo, anunció este jueves que ya ha dado orden para requerir a la Consejería de Educación del Gobierno vasco para que retire la circular dirigida a los colegios en la que se considera "inmigrantes" a todos los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. Tras la denuncia inicial de UGT, el escándalo ha desencadenado la reacción de todo el Gobierno, los sindicatos y el Fiscal General del Estado.
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