Días después de que el Tribunal Constitucional permitiese su presencia en las elecciones del próximo mes de mayo, y celebrados ya sus primeros actos electorales, la coalición conformada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes escogidos por Batasuna empieza a desentrañar poco a poco sus primeras propuestas electorales.
Este lunes, el candidato de Bildu a la presidencia de Navarra y líder de EA en la región, Maiorga Ramírez, defendió "una Euskal Herria libre y democrática" con Navarra "enraizada" en ella y, para ello, propuso crear un órgano institucional que elabore un estatuto de autonomía conjunto que sea luego "refrendado por la mayoría de la ciudadanía de cada territorio".
La creación de este órgano institucional anexionador era uno de los objetivos de la denominada Alternativa KAS, una estructura creado en 1975 por la banda terrorista ETA para controlar de forma eficiente todas las estructuras políticas, sindicales, sociales y juveniles de la órbita etarra, incluidas las creadas únicamente para dar apoyo a los terroristas encarcelados y sus familias, y poder crear una unidad de acción entre todas ellas con relativa facilidad.
KAS fue sustituida posteriormente por Ekin, cuya ilicitud fue declarada en 2001 en un auto del por entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En 2007, el mismo tribunal hizo pública una sentencia en la que se afirmaba en el entramado político de ETA, constituido por KAS-Ekin-Xaki, era parte de las "entrañas" y el "corazón" de la propia organización terrorista.
La creación de un estatuto político común fue también uno de los temas de discusión política que centró la negociación que PSE, PNV y Batasuna entablaron en los salones de la hospedería del santuario de Loyola (Guipúzcoa) durante el otoño de 2006, al tiempo que el Gobierno Zapatero mantenía sus propios contactos con la banda terrorista ETA.
Los dos partidos y el brazo político de los terroristas acordaron entonces la creación de un Órgano Institucional Común que trabajase en la redacción de un marco político para Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, que posteriormente debía ser refrendado por la mayoría de los ciudadanos de cada uno de los cuatro territorios forales.