Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz, la niña que falleció en 2008 en Huelva y actual asesor de del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, ha asegurado este lunes que se siente "decepcionado" tras el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El ministro ha señalado que el Gobierno únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo y que no la hará extensible a los delitos contra la libertad sexual, que sí contarán con medidas adicionales, como la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad.
Por ello, y en declaraciones a Europa Press, Cortés ha indicado que va a "reflexionar" sobre su relación con el PP, ya que asegura que no está en un partido "por un cargo político sino para llevar adelante mi lucha, después de que mataran a mi hija", ha enfatizado.
En este sentido, Cortés ha considerado que la custodia de seguridad, anunciada por Gallardón tras reunirse con el padre de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, Antonio del Castillo, es "un invento más que no va a servir para nada", ya que, según ha matizado, "lo más efectivo es la cadena perpetua revisable".
Del mismo modo, ha tildado de "muy grave" que se imponga esta medida a los terroristas y "no para defender a los menores y a las personas más vulnerables, que se quedan sin defensa". En esta línea, ha hecho hincapié en que su confianza depositada en el PP "se ha quedado difuminada" tras el anuncio de Gallardón porque "no se va a cumplir" el programa electoral comprometido por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Así, ha recordado que el PP "adquirió un compromiso muy serio conmigo y con el padre de Marta de aplicar la cadena perpetua revisable con los delitos contra la libertad sexual y ahora no ha sido así", por lo que ha añadido que se siente "engañado por este paso atrás" y porque, a su juicio, "no hay razón que justifique" esta negación.
Gallardón ha defendido que la custodia de seguridad es una nueva medida adicional que irá recogida en la sentencia en la que se le fijará la pena de prisión al autor del delito y tendrá una duración máxima de diez años.