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El Gobierno trabaja con "intensidad" para que "no ocurra una desgracia"

"Puede ocurrir una desgracia", admiten en Moncloa. Pero, destacó la vicepresidenta, la legalidad está del lado de España.

Lejos de considerarse un asunto menor, al Gobierno le preocupa sobre manera el conflicto con Gibraltar desde que los barqueros españoles están directamente implicados, con todo lo que esto conlleva. De ahí que se insista en la vía de la negociación y el diálogo para volver a la tensa calma habitual, pero a la vez se trabaje a "todos los niveles" y haciendo "el máximo esfuerzo" para que cese el hostigamiento de la Policía del peñón.

Las noticias que llegan a Madrid desde el Estrecho son alarmantes, admiten. "Imagínate que un pescador español se cae y le pasa algo. El conflicto entonces podría tener graves consecuencias y esto lo tenemos que evitar sí o sí porque estamos hablando de cosas muy serias", interpretan fuentes del Ejecutivo. La vicepresidenta intentó calmar los ánimos utilizando la política de Estado, pero dejando claro que la legalidad está del lado español y que es la colonia la que está incumpliendo los acuerdos alcanzados.

Siendo éstas las claves de la política con mayúsculas, Soraya Sáenz de Santamaría también se tuvo que encargar de poner en orden en casa una vez el PSOE utilizó de forma partidista el conflicto para azuzar al Partido Popular. No se anduvo por las ramas: "Pido a los responsables del PSOE que trabajemos desde la mayor unidad posible en defensa de los intereses de España y de los pescadores de las distintas localidades de la zona", demandó, no sin rematar que "no es un tema para entrar en controversias".

En cuanto a lo importante, el Gobierno no se movió de sus tesis. Negociará hasta la extenuación, pero considera como vigente el acuerdo pesquero de 1999, que permite a los pescadores españoles faenar en la zona. "Es el más idóneo" para todas las partes, expuso. Recordó que en virtud del Tratado de Utrecht (1713), por el que el Reino español solo cedió las aguas del puerto, les da la razón.

España y Reino Unido hablarán sobre la crisis la próxima semana, a través de sus ministros de Exteriores en Londres. El Gobierno no considera interlocutor válido a Gribraltar, una vez no reconoce al peñón como Estado. Pero antes de la cita, se considera "imprescindible" que terminen las maniobras de presión contra los pesqueros. "En ello trabajamos intensamente, porque puede ocurrir una desgracia", confiesan en Moncloa.

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