La Cámara de Cuentas subraya que el Interventor de la Junta no actuó en el caso de los ERE

Al principio, parecía que el interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, del equipo de José Antonio Griñán, era quien había señalado la irregularidad de los hechos y que por ello quedaba fuera de toda sospecha. Pero no encajaba su mofa de Javier Arenas y sus ataques al PP, que, en teoría, defendían lo mismo que él. Finalmente los hechos van mostrando que, si bien es cierto que señaló las ilegalidades del caso de los ERE, no actuó para terminar con la trama. Es lo que subraya el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía conocido ayer y lo que la jueza Alaya quiere aclarar próximamente con su comparecencia y con la de un grupo de notables altos cargos de la estructura jurídico-administrativa de la Junta andaluza.

Una de las incógnitas del caso de los ERE es cómo se pueden distraer 1.400 millones de euros (la cifra que se baraja ahora como montante total del fondo de reptiles aplicado a ayudas a empresas y prejubilaciones varias) sin que salten todas las alarmas de órganos de control de la Junta de Andalucía, supuestamente ocupados por profesionales al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. En el caso que nos ocupa, Gómez Martínez es una persona ligada al PSOE, que ya lo nombró director general de Patrimonio en el pasado.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el caso de los ERE subraya algo que ya destacó Libertad Digital hace semanas. Fue a finales de abril cuando informamos de la responsabilidad del interventor general, reglamento de la intervención de la Junta en mano.

En 2005, la Intervención General, a las órdenes de Griñán, examinó el llamado fondo de reptiles y efectuó un informe con observaciones en términos muy duros, pero no llegó a emitir un documento de actuación que habría alertado del menoscabo en los fondos públicos. Por qué no emitió ese informe con instrucciones concretas para evitar lo que ocurría es una pregunta sin respuesta que la juez hará que se responda.

Según el artículo 9 del Reglamento de la Intervención general de la Junta de Andalucía de 1988, "si el interventor general de la Junta de Andalucía al conocer un expediente, observara que la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado estando obligado a ello, lo manifestará así al órgano que hubiera iniciado aquél y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe al resto de las actuaciones, pueda el titular del Departamento del que aquélla proceda, si lo considera conveniente, acordar que se someta lo actuado a la decisión del Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros, según que la obligación o gasto exceda o no de veinticinco millones de pesetas."

Veinticinco millones de pesetas es una cifra irrisoria comparada con las cantidades manejadas en los ERE.

Y en el artículo 5.3, se dice: "La Intervención General de la Junta de Andalucía informará trimestralmente al Consejero de Hacienda y Planificación de las cuestiones más importantes que se hayan detectado en estas fiscalizaciones posteriores, proponiendo, en su caso, las actuaciones que considere aconsejables". Son fiscalizaciones posteriores porque en este Reglamento no se permiten las fiscalizaciones previas, por ejemplo, en el caso de subvenciones.

Tampoco se conoce si el interventor acompañó sus observaciones por una "nota de disconformidad" legislada en el mismo Reglamento, preceptiva para que el caso y una propuesta de actuaciones llegara al Consejo de Gobierno.

Ahora la propia Cámara de Cuentas, expone ABC, coloca en una situación muy comprometida a la Intervención General y a su titular de entonces, Gómez Martínez, ya que, pese a advertir de las irregularidades, incomprensiblemente no dictó una orden de actuación —de obligado cumplimiento— ante la pasividad de la Junta para solventar estos problemas.

"El Informe de Actuación persigue corregir a futuro prácticas defectuosas advertidas por la Intervención o prevenir actuaciones potencialmente dañosas a los caudales públicos", recuerda la Cámara en su texto, la cual concluye que las subvenciones se otorgaron "sin que por la Consejería de Empleo, ni por la Consejería de Hacienda ni por la Intervención General se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financieros realizados al IFA/IDEA".