El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobó el jueves en sesión extraordinaria lo que calificó de "plan urgente de choque" por el empleo dotado con 200 millones de euros que asegura creará 11.000 puestos de trabajo en la comunidad en un año y medio.
Dirigido a desempleados, destinará 100 millones de euros para la ampliación del Plan de Oportunidades Laborales (OLA) y mejora de instalaciones educativas; 90 millones para actividades generantes de "empleo verde", y 10 millones para rehabilitación de vivienda.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, destacó el hecho de que Andalucía sea la única comunidad autónoma que adopte una iniciativa de estas características para demostrar que, "junto a medidas de recorte y ajuste, también es necesario adoptar medidas de estímulo con las que se fomente la creación de empleo".
La iniciativa ha sido acogida con escepticismo, no sólo por el atomismo de la medida -11.000 empleos, en caso de cumplirse los pronósticos, en un océano de 1.362.900 parados según la EPA conocida este viernes-, sino por los resultados de otros planes de empleo puestos en marcha por la Junta y que en ningún caso consiguieron otra cosa que parchear, y a veces ni eso, la realidad del desempleo andaluz.
Estos son algunos de los planes de empleo fracasados de la Junta:
El Plan Memta
A principios de septiembre de 2009, se puso de manifiesto el fracaso del Plan Extraordinario de Medidas para la Mejora de la Empleabilidad del Mercado de Trabajo de Andalucía (Plan Memta), que sólo había beneficiado a 4.830 parados de los 130.000 previstos. Las ayudas de 350 euros mensuales durante tres meses no habían sido cobradas por ninguno de los parados que habían participado en las acciones de búsqueda de empleo. Por ello, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, calificó de "rotundo fracaso" y de "plan mentira" dicho plan Memta, ya que desde la aprobación de la orden en octubre de 2008 sólo han sido contratados el 3,7 por ciento de los desempleados previstos, cifrados en unos 130.000.
La Consejería de Empleo, con oscuridad y tal con alevosía, mediante una escueta orden de derogación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicada el 19 de octubre de 2011 se cargó el que iba a ser el principal instrumento de lucha contra el desempleo en Andalucía. Contrasta el silencio de este funeral con el festejo mediático de su nacimiento en 2008. El entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, justificó la derogación del Memta por el empeoramiento de la crisis. "La evolución de la situación económica y social, así como el nivel de desempleo en el ámbito nacional y andaluz, ha provocado que tanto el legislador estatal como el autonómico dicten una serie de normas en las que se recogen nuevas medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por la crisis".
El Plan Bahía Competitiva
Incluso el diputado de IU en el Parlamento andaluz por Cádiz, Ignacio García, actual presidente de la Comisión de Investigación sobre los ERE, puso de manifiesto las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Plan de Empleo de Cádiz señalando que "el dinero que falta" de los planes de empleo y de Bahía Competitiva "seguro que no se lo han llevado los trabajadores", por lo que pide que se investigue el dinero no justificado durante años, así como los "múltiples" intermediarios que hayan existido entre el dinero y los trabajadores.
En 2011, se supo que tres empresas subvencionadas por el Ministerio de Industria y Energía debían devolver los 14,5 millones de euros que éste les concedió sin que hicieran los proyectos a que se comprometieron. Las empresas eran Cádiz Solar Center, Aquandalucia y Soluciones Técnológicas Ambientales y sus responsables no eran encontrados por el Ministerio que incluso tuvo que publicar en el BOE un anuncio reclamando sus datos y anunciando el reintegro del dinero de las subvenciones.
Actualmente se sabe que las tres empresas pertenecen a una oscura trama de empresarios gallegos de la localidad de A Pobra y que dos de ellas estaban en manos de un insolvente. Otros de sus administradores, Manuel Alejandro Dávila Oubiña, ha sido investigado por estafa.
Por si fuera poco, la cúpula del PSOE de Cádiz y el clan de Alcalá resultaron implicadas en esta trama que tuvo como resultado 12 imputados, 50 empresas fantasma, blanqueo de 21 millones de euros de la subvención del ministerio de Industria para blanquear 21 millones de Industria y 15 meses de investigación policial. Fue la Policía la que desveló la colaboración "fundamental" del exdirector del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales, fundador y líder del clan de Alcalá hasta su muerte, para recibir las ayudas del Ministerio de Industria. Además, su sobrina Ofelia Perales fue agraciada por una contratación en el grupo de Dávila Oubiña, cerebro de la trama de las empresas.
El Programa 62-A, Fomento de la Industria 1995-1999
Lo que dijo la Cámara de Cuentas sobre el programa referido es lo siguiente: "No existe documentación acreditativa sobre la contribución de las subvenciones a la generación de empleo inducido ni directo en los expedientes fiscalizados, si bien, en el conjunto de la línea de ayuda de promoción y desarrollo industrial en los 62 proyectos, según se especifica en el informe final de cierre, se han creado 679 empleos directos y 310 inducidos. En los expedientes fiscalizados no se ha creado ninguno".
O sea, que la Junta afirmaba que había creado empleos, pero en la muestra de empresas que analizó la Cámara de Cuentas, no aparecía ninguno. Más de 138 millones de euros, 23.000 millones de las antiguas pesetas, distribuidos como subvención entre 83 empresas, sirvieron para obtener el resultado de Empleos comprobados, cero.
El trabajo auditor de la Cámara de Cuentas se centró en el período 2000-2006 y estuvo dirigido al programa de subvenciones a empresas privadas incluidas en el programa 62-A, Fomento de la Industria 1995-1999.
Además, la Cámara de Cuentas añadió algunos comentarios de interés:
- No era posible saber si se cumplían o no los objetivos de las subvenciones ni era posible el cálculo del grado de ejecución y cumplimiento de las subvenciones.
- Había empresas que obtenían más subvenciones de las indicadas.
- La Junta no había pagado las ayudas en los plazos previstos y eso podía haber perjudicado su utilización eficaz.