LD (Ángela Martialay) Las asociaciones judiciales han decidido esta mantener las protestas anunciadas para el próximo 18 de febrero y la convocatoria de una huelga el 26 de junio al considerar "vigente a todos los efectos" el documento en el que planteaban esas movilizaciones. Tras más de siete horas de reunión con el responsable de Justicia, los representantes del cincuenta por ciento de la carrera judicial estiman que hace falta un "mayor nivel de compromiso" por parte del Gobierno para resolver los problemas que padece la Administración.
Así lo han asegurado a los periodistas, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, que junto a representantes de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), lorenzo del Río, y el Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo. Si bien los jueces han reconocido que el encuentro se ha producido en un "clima cordial" enfatizan en que dicha reunión no sólo no les "satisface enteramente" sino que les ha causado "frustración".
En tanto el ministro ha explicado con una actitud triunfalista que se invertirá un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". "El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo durante este año, de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.
No es sólo cuestión de un buen "tono"
Sin embargo, los representantes de las asociaciones de jueces, que en su reunión de este lunes renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron "que la situación no está resuelta" por lo que sus actos de protesta previstos para los próximos meses "mantienen toda su vigencia". En palabras del portavoz de la APM, Antonio García, "sólo con un buen tono" no se pueden solucionar los problemas que adolecen a la Justicia.
El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordase acudir a la huelga –protesta sin precedentes en el sector– el próximo 18 de febrero, a la espera de lo que suceda en la cita de mañana.
La reunión, que se inició a las once de la mañana, tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además los jueces proponían sustituir la convocatoria de paros prevista para febrero por actos reivindicativos de menor intensidad.
No obstante, tanto las asociaciones como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.
Las reivindicaciones de los jueces
Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
Además, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.
El pasado lunes, en el marco de la Comisión Mixta Ministerio-CGPJ se aseguró que la mayoría de las pretensiones de los jueces y magistrados son "asumibles".