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La distinta vara de medir de la Fiscalía con Camps y Mercasevilla

Es un hito más del caso Mercasevilla que contrasta naturalmente con el caso Gürtel.

/ Antonio Barreda
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La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, entre ellos el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

Juntos exigieron 450.000 euros de mordida a los dos empresarios que grabaron la extorsión, 32 veces más dinero que los 14.021 euros presuntamente recibidos por el presidente valenciano, Francisco Camps, en calidad de regalos. Sin embargo, el PSOE pide para Francisco Camps tres años de cárcel por un presunto delito de cohecho.

Según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.

Por esos regalos, aceptados según el Fiscal con intencionalidad política, pide para Camps una multa de cinco meses y 15 días.

En Mercasevilla, la Fiscalía pide la misma pena para los otros tres acusados: los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.

Explica la Fiscalía, dice EFE, que a lo largo del año 2007 se preparó la apertura en la sede de Mercasevilla de una Escuela de Hostelería, para lo cual se celebraron con el grupo hostelero La Raza varias reuniones preparatorias en las que intervino Rivas como representante de la Consejería de Empleo de la Junta.

El 1 de agosto de 2007, Mellet solicitó una ayuda al Servicio Andaluz de Empleo, que fue concedida por el procedimiento de subvención excepcional y ascendió a 900.000 euros.

A partir de ese momento, añade el fiscal, los acusados comunicaron al Grupo La Raza la concesión de dicha subvención y el 16 de enero de 2009 Ponce, entonces director adjunto de Mercasevilla, se reunió con el directivo de dicha empresa Pedro Sánchez Cuerda y le pidió 300.000 euros como "colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", junto a otros 150.000 euros por gastos derivados de la instalación eléctrica de la parcela donde se ubicaría el centro.

En la reunión estuvo parcialmente presente María Regla Pereira, que había participado en el proyecto de subvención y que "asintió ante lo manifestado por Ponce sobre la entrega de dinero", precisa la acusación.

El 27 de enero de 2009, a petición de La Raza, se mantuvo una segunda reunión a la que asistieron Ponce y el entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, además de Sánchez Cuerda y el también directivo de La Raza José Ignacio de Rojas, en la que los imputados insistieron en pedir esa comisión y prometieron a cambio que el grupo empresarial "obtendría luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los 'catering' que se organizaran".

Tal reunión fue grabada por los empresarios, que a continuación hicieron llegar los hechos a la Junta de Andalucía y ésta a su vez los denunció a la Fiscalía sevillana, precisa la acusación.

La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito de cohecho y pide para cada acusado una condena de 900.000 euros de multa, el doble de la comisión ilegal (a Camps se le exije el triple del valor de los regalos), además de 21 meses de suspensión de empleo o cargo público.

Esta rama del "caso Mercasevilla", que será enjuiciada por un jurado popular, es la primera que llega a juicio pero posteriormente la juez de instrucción 6 de Sevilla abrió otras cuatro diligencias por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de los terrenos de Mercasevilla, por delitos societarios, por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla en 2003 y 2007 y por los ERES en varias decenas de empresas andaluzas, financiados por la Junta.

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