LD (Mercedes R. Martín) El comunicado, leído por el portavoz socialista, José Antonio Alonso, tacha de "asesinato cruel y cobarde" el atentado y expresa "la más profunda condena y el rechazo más enérgico" de todos los grupos. En el texto también se hace mención a la "unidad y firmeza" de los partidos "frente al terrorismo" y el compromiso de "combatir con coraje y fortaleza democrática" a ETA "hasta derrotarla definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de Derecho".
La unidad en la que hace hincapié el texto no ha sido tanta en la reunión de los portavoces parlamentarios en torno a un asunto: la presencia de ANV en los ayuntamientos, incluido el de Azpeitia, donde se cometió el atentado contra el empresario vasco. Según ha confirmado el propio Gerardo Díaz Ferrán al término del encuentro, en la reunión solicitó a los grupos que se comprometan a desalojar a los proetarras de todos los municipios donde tienen presencia.
El presidente de la CEOE matizó ante los medios que se trataba de una "reflexión" lanzada a los distintos grupos políticos y no una petición para que esa exigencia se incorporara en el documento. El texto, que además de condenar el atentado exige la derrota de ETA, no incluye, sin embargo, mención alguna a ANV.
Preguntado por la acogida de la propuesta, Díaz Ferrán indicó que no había "pedido respuestas" tras plantear la iniciativa. Sin embargo, según ha podido saber Libertad Digital, no todos acogieron la idea de igual forma. Tras el silencio inicial que planteó la iniciativa de Ferrán, Rosa Díez fue la primera en manifestarse a favor de la expulsión de ANV de la vida pública.
A continuación, fue la popular Soraya Sáenz de Santamaría la que manifestó que su grupo está "en esa línea". De hecho, este mismo miércoles el grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley en la que exige la "inmediata disolución" de las corporaciones con miembros de ANV aplicando el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Las voces discrepantes llegaron de IU y el PSOE. Gaspar Llamazares dijo compartir los objetivos pero no el método y pidió que no se mezclaran los temas. Por su parte, José Antonio Alonso manifestó que hoy "no toca" abordar el asunto de la presencia de los proetarras en los municipios a pesar de lo ocurrido este martes.
Por otro lado, el texto inicial del comunicado fue modificado en un punto a iniciativa de Rosa Díez. Según pudo saber LD, la diputada de UPyD solicitó, en el primer párrafo del comunicado, que se sustituyera la palabra "muerte" por el término "crimen".
El PP pide que ANV no gestione las ayudas del Gobierno
Lo cierto es qu el nuevo asesinato de ETA ha provocado que la presencia de ANV en los ayuntamientos vuelva a ser tema de debate. El partido, ilegalizado a instancias de los mismos que permitieron su regreso de ETA a los consistorios, continúa formando parte de las corporaciones de unos cuarenta municipios entre el País Vasco y Navarra.
Rosa Díez volvió a formular este mismo miércoles, poco después del atentado, la exigencia de que los proetarras abandonen las instituciones. El PP ha esperado a este jueves para hacer la misma exigencia. Lo han hecho a través de una Proposición No de Ley en la que piden la "inmediata disolución de los Ayuntamientos gobernados por ANV", entre los que se cuenta Azpeitia, el municipio donde fue asesinado Ignacio Uría.
En su proposición, el PP afirma que la lucha contra el terrorismo requiere también que los representantes de los terroristas "sean expulsados de las instituciones". Y propone, para hacerlo, que se emplee lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que otorga al Consejo de Ministros la facultad de disolver corporaciones municipales.
El partido recuerda que ANV no ha condenado asesinatos como el de Isaías Carrasco y que este mismo miércoles la situación volvió a producirse en Azpeitia, donde el alcalde no condenó el crimen ni colocó a media asta la bandera del ayuntamiento.
Además, los populares exigen que, mientras no salgan de los consistorios, los proetarras de ANV no sean los encargados de administrar la parte que corresponda a los ayuntamientos donde gobiernen del paquete de ayudas de 8.000 millones de euros que anunció el Gobierno la semana pasada como nueva medida contra la crisis. El PP propone que, para no perjudicar a los vecinos de estos municipios, sean las Diputaciones Forales las encargadas de invertir las ayudas