No resulta nada fácil, o resulta del todo estúpido, el propósito del gobierno de reenviar a Ecuador a treinta o cuarenta mil ciudadanos que están trabajando en condiciones de ilegalidad y sin los pertinentes permisos en España. Prometen las autoridades españolas que a quienes acepten esa condición de regresar al país de origen, les garantizan regreso y trabajo. Pero sólo después de esa formidable ruta por encima del Atlántico, de ida y vuelta más o menos subvencionada. ¿Y no es más fácil, dice cualquier ciudadano corriente, que después de todo es contribuyente también de esos viajes de turismo hispano-ecuatoriano, que se les legalice sin tenerse que mover de donde están?
Parece que el gobierno pretende, con ese itinerario, hacer un borrón y cuenta nueva, establecer que ese criterio es aplicable, en adelante, para todos, y que quien quiera entrar en el territorio español deberá llegar con el pertinente permiso y contrato de trabajo. Pero el coste de tan abundante como superfluo viaje a Quito, ¿cuánto nos costará a los contribuyentes, señores del gobierno? Y si, sencillamente, tratan de engañar a esos ciudadanos del mundo, sencillamente pónganlos en la frontera y no se ande con más argumentos peregrinos ni con mayores gastos.
El coste del reenvío
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