La Unión Europea, en boca de sus ministros de Asuntos Exteriores, ha venido a reconocer que “el pedigüeño Aznar” tiene toda la razón cuando advierte y clama: “La ampliación de la Unión nos hace la puñeta, señores catorce”. Los catorce reconocen que los fondos de los que se beneficia España pueden verse sustancialmente recortados al tener que ser redistribuidos entre los nuevos socios, que llegan con peores datos de producto interior bruto y renta per capita. Está bien: reconocen que la queja española es adecuada, tiene razón de ser, se sostiene y no es escandalosa ni un egoísmo impresentable.
¿Y qué? Ni se va a frenar el calendario –tal vez, sí: casi nadie da por buena la fecha de 2003 para las primeras adhesiones; más bien habría que esperar al cinco o al seis, dicen los expertos–, ni mucho se podrán mantener las ayudas al socio que rebase la nueva media comunitaria de renta per capita, que con la llegada de los “nuevos” habrá quedado sustancialmente rebajada. Si la media queda en el setenta por ciento y España se sitúa de golpe por encima del ochenta, tendrán prioridad Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovenia, naturalmente. No hay otro proceder legítimo que el de apoyar las quejas expresadas en el referéndum irlandés. Por si sirve para frenar la ampliación prevista e inevitable.
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