El ex jefe de la Interpol en México ha realizado una seria denuncia sobre una tentativa del narcotráfico internacional por permear los gobiernos latinoamericanos a través de la financiación de campañas electorales.
La denuncia consiste en que el Cartel de Juárez desvió dineros provenientes del narcotráfico a testaferros argentinos, los cuales utilizaron al menos 250.000 dólares para financiar la campaña presidencial del Partido Justicialista en las elecciones de 1999, cuando presentó la fórmula Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En la documentación de Interpol-México se evidencia que uno de los testaferros fue Aldo Ducler, asesor económico del candidato a vicepresidente y actual senador Ramón Ortega.
Hay que tener en cuenta que el cartel mexicano intentó establecer en Argentina y Chile, a fines de la década recién pasada, centros de operaciones de lavado de dinero, adquiriendo a tal efecto numerosas propiedades como paso previo a una instalación oportunamente desbaratada. De allí que resultaba plenamente funcional a tales intereses comprometer a políticos de importancia, máxime si tenían la posibilidad de alcanzar el poder. Los beneficios que un gobierno permeado puede brindar al narcotráfico, por la sola vía de ser permisivo con sus actividades de inversión pueden ser enormes.
No es la primera vez que en América Latina el narcotráfico ha tratado de controlar la estructura gubernativa en sus niveles más altos. Aún puede recordarse el caso colombiano que afectó al gobierno de Ernesto Samper, cuando se comprobó que los Carteles de la droga habían financiado su candidatura a través de flujos de dinero que recibía el tesorero de la campaña y posterior ministro de Defensa, actualmente preso y condenado en una cárcel colombiana. Se inició un juicio político en contra del presidente, del cual salió librado gracias al respaldo de una mayoría parlamentaria que le era partidaria.
No son los únicos casos. En la década pasada también se descubrió que carteles colombianos hicieron aportes a la campaña presidencial del ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares a través de un empresario atunero del cual –al decir del ex gobernante– se desconocían sus vinculaciones con el narco. Ahora mismo, en Perú, donde hay múltiples denuncias sobre corrupción que afectan a la pasada administración Fujimori, se ha evidenciado la estrecha conexión del asesor presidencial Vladimiro Montesinos con redes de narcotraficantes. El abundante dinero del que disponía para sobornar a políticos, jueces y militares, así parce corroborarlo.
En suma, se está ante un muy peligroso factor de amenaza para la transparencia del juego democrático, en cuanto este dinero clandestino puede convertirse en un elemento desequilibrante en la competencia electoral; y también en una muy seria amenaza a la estabilidad institucional, dado la pretensión de esta expresión del crimen organizado de controlar los estados desde dentro. Por eso, más que encontrarnos ante un caso de tipo policial y nacional, la reciente denuncia mexicana nos sitúa ante un grave problema de seguridad hemisférica.
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