Hay gravísimos asuntos políticos que Gobierno y oposición deberían abordar en un Debate sobre el Estado de la Nación. El primero, el peligro separatista forzado dramáticamente en el País Vasco y Navarra por la actuación de ETA y la complicidad de los nacionalistas. Terrorismo y separatismo no son problemas separados. De ahí que también convenga aclarar en un debate si el PSOE está dispuesto a liquidar a este Estado para abrir un nuevo período constituyente o desconstituyente que, en aras del fantasmal "federalismo asimétrico", se cargue la legalidad vigente y ponga en crisis a la misma idea de España.
El segundo aspecto es el que se refiere a las libertades ciudadanas, amenazadas por una delincuencia creciente con espeluznantes ejemplos recientes y, sobre todo, por la inseguridad que provoca un sistema judicial donde toda estupidez teórica tiene su asiento legal, toda presión política logra efectos al más alto nivel y toda incapacidad técnica alcanza su recompensa. La libertad de enseñanza y la de comercio tienen, por otra parte, su primer enemigo en el Estado de las Autonomías, donde los nacionalismos han consagrado la división en ciudadanos de primera, de segunda o de tercera según cuál sea su lengua materna y su origen geográfico para acceder a toda clase de cargos y funciones públicas. El nacionalismo, disfrazado de victimismo, ha impuesto de hecho una dictadura más o menos cruenta pero efectiva en la mayor parte del territorio nacional. Hora es ya de que se debata en serio.
Ligado al sistema de libertades, que es inseparable de la seguridad ciudadana, se encuentra el problema de la inmigración ilegal, uno de los que más claramente inciden en nuestro presente y más lo harán en nuestro futuro, sin que hasta ahora exista una política de inmigración digna siquiera de ese nombre. El envejecimiento de la población, una de las razones de la avalancha migratoria, debería mover a Gobierno y oposición a reformar el sistema de pensiones, en vez de asegurar su quiebra para la próxima generación.
Y puesto que de gasto se trata y también de la superviviencia nacional, bueno es que se debata en serio la reforma del sistema fiscal, porque el actual es injusto, desincentiva el ahorro y no encuentra argumentos ni éticos ni políticos para entregar buena parte de lo que ganamos a una España que se empieza por negar y se termina por hacer impagable. Debe haber una razón ética para colaborar en la tarea nacional. Para ello hacen falta las dos cosas: la idea nacional y la ética.
Pues bien, este Debate que se abre sobre una doble ocultación: la de la presunta corrupción de un ministro del Gobierno del PP y la nada presunta sino presente, escandalosa corrupción del PSOE andaluz en las Cajas de Ahorros, la financiación del partido y el tráfico de créditos y medios de comunicación entre Cajas, PSOE y PRISA. PP y PSOE se han comprometido públicamente a no hacer de la corrupción el centro del debate. Dicen que no preocupa a la gente. Quieren decir que a ellos les preocupa y que todavía les preocupa más que la gente se entere. O sea, que la corrupción es un mal –si lo es– tan necesario como intercambiable. Y que los ciudadanos estamos para aplaudir consensos y pagar impuestos, no para inquirir sobre comportamientos éticos. Tenemos experiencia en los gobiernos del PSOE de ver cómo la política trataba de imponerse a la ética, lográndolo a menudo. La derrota de la ética por acuerdo, consenso o conspiración de la clase política era lo único que nos faltaba por ver. Y parece que ya nos falta poco.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro