Justo un mes después de la subida al poder de Eduardo Duhalde, Argentina vivía un viernes agitado, no sólo por las interminables filas en los bancos, la falta de efectivo, los piquetes y las cacerolas, sino porque para este fin de semana se aguardaba un conjunto de medidas político/económicas que podrían asemejarse a un plan de gobierno.
Pasado el medio día, en Buenos Aires, como en aquellas viejas películas de vaqueros, seis de los nueve “supremos” se alinearon hombro con hombro en la calle para enfrentar en duelo mortal a su archienemigo, Eduardo Duhalde; y cargaban munición gruesa: Los “supremos” declaraban inconstitucional el decreto elaborado por Domingo Cavallo y profundizado por el actual ministro de economía Remes Lenicov, que permitió la incautación de plazos fijos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes.
Todo el castillo de naipes que es hoy el andamiaje de la economía argentina se desmoronaba de un golpe. Los anuncios que el ejecutivo estaba por realizar quedaron suspendidos, también el viaje del ministro de Economía a Washington, y el día concluyó para el atónito pueblo argentino con una “conferencia de prensa” sui generis del presidente (no se admitían preguntas) en la que comunicó al país que él no era débil y tampoco tenía nada que comunicar... por el momento. Fue seguida por el ya consabido cacerolazo, convertido en parte del paisaje cotidiano. Es público y notorio que el Tribunal Supremo está integrado por cortesanos políticos llegados a esta encumbrada posición merced a los favores de Carlos Menem, unos, y a los acuerdos entre justicialistas y radicales, otros, mucho más que por sus trayectorias jurídicas.
La relación con el nuevo gobierno sufrió un rápido deterioro. El primer paso fue la pretensión del Ejecutivo de lograr que la Corte y el poder judicial pagaran el impuesto sobre la renta, como cualquier ciudadano (cosa que rechazaron) a más de no sufrir el recorte salarial del 13% que afectó a todos los empleados del estado. La confrontación subió de tono cuando el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical –manejada por el expresidente Raúl Alfonsín– iniciaron conversaciones para dar luz verde a la conformación de la Comisión de Juicio Político del parlamento, activando así las 28 solicitudes de juicio político a la Corte que dormían en los cajones de un Congreso (tan espurio como la Corte misma) que “aguardaba instrucciones” para ver qué hacer con ellos.
Es una coincidencia difícil de digerir que la decisión de la Corte se diera a conocer dentro de las 24 horas de la determinación de activar la comisión parlamentaria de juicio político. Aunque nadie discute que las resoluciones de Cavallo y Remes Lenicov vulneraban gravemente el derecho a la propiedad, esto era evidente para cualquiera capaz de leer la Constitución, no hacían falta dos meses para notarlo.
¿Dónde quedamos ahora? Esta claro que los bancos no tienen los 60.000 millones de dólares que los ahorristas podrían reclamar; ni en dólares, ni en pesos, ni en maravedíes. Simplemente, no están. En la versión oficial, todo está en orden, el Ministerio de Economía trabaja durante el fin de semana en un nuevo “decreto de necesidad y urgencia” que mantenga los plazos fijos y ahorros incautados (liberando los salarios) sin confrontar abiertamente con la Corte (la validez jurídica de tal engendro ya se verá). Quedará entonces claro que quienes depositaron dólares en los bancos nunca volverán a verlos y la misma noción de seguridad jurídica estará muerta y enterrada.
Mientras tanto, batimos nuevos record; en 1962 la entonces incipiente industria automotriz argentina logró, en el mes de enero de ese año, vender 3.000 vehículos en todo el territorio; para enero de 1999 esa cifra era de 29.000. En enero de 2002 volvimos a los orígenes, 3.000 autos vendidos en toda la república. Los comentarios sobran.
Muy pocas cosas nuevas quedaban por verse en este país. Un intento de “golpe de estado judicial” era una de ellas. Ya la hemos visto.
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