Cicerón, hace ya más de veinte siglos, consideraba la justicia como la más importante de las virtudes cívicas, porque hacía posible la vida pacífica y en sociedad. Pero cuando la justicia de los tribunales se vende al mejor postor, cuando los jueces son coaccionados por los delincuentes, o cuando sus señorías tienen intereses corporativos políticos o económicos ajenos al exclusivo desempeño de sus funciones, puede decirse que la vida pacífica y en sociedad peligra, ya que a los agraviados injustamente por las decisiones de un tribunal sólo les queda la inseguridad jurídica, el recurso del pataleo, la corrupción, la coacción y, en último término, la violencia para hacer valer sus derechos.
Es precisamente por esto por lo que, antiguamente, a la policía, al ejército y a los jueces no les estaba permitido pertenecer a asociaciones de carácter político ni ejercer otro oficio que no fuera aquel para el que habían sido nombrados. Una medida de elemental prudencia, habida cuenta del enorme poder e influencia que se concentran en sus manos.
El caso del “narco volador” ha puesto de relieve que las altas instancias de la Justicia española no se hallan, ni mucho menos, exentas de los vicios del corporativismo, la politización y la corrupción. Es evidente que cualquier juez como cualquier ser humano, sobre todo si goza de poder o influencia es susceptible de sucumbir al cohecho o a la coacción. Pero cuando los miembros de la institución a la que pertenece son conscientes de su responsabilidad, de la importancia de su misión y de que está en juego su prestigio, los episodios de corrupción son esporádicos, como pequeñas verrugas o imperfecciones cutáneas que son extirpadas sin más consecuencias.
Sin embargo, cuando los jueces están más preocupados de blindarse profesionalmente contra cualquier error o negligencia o en el peor de los casos de completar su fortuna personal o hacer política con la toga puesta, la verruga se convierte en un cáncer maligno que acaba por eliminar cualquier tejido sano. Una prueba de esto la tenemos en el inexplicable apoyo que han recibido los tres jueces que excarcelaron a “El Negro” cuando existían serias dudas acerca de la rectitud de sus procedimientos de todas las asociaciones de jueces, desde Jueces para la Democracia hasta la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Ahora, cuando el fiscal Luzón pide el procesamiento de Cezón, López Ortega y Ollero, estas asociaciones ya no muestran públicamente su adhesión a los jueces justiciables, aunque, eso sí, autorizan a sus miembros a participar “a título personal” en la colecta propuesta por Jueces para la Democracia.
Causa pasmo o mejor dicho, terror que los máximos representantes de la Justicia española ni siquiera se hayan escandalizado o indignado por la más que presunta prevaricación de sus compañeros, puesto que tendrían que haber sido ellos mismos sus principales detractores, aunque sólo fuera por salvaguardar el prestigio de su profesión. No sabemos si ello se debe a ese instinto tribal, tan humano y tan español, que puede resumirse en “siempre con los míos, aunque no tengan razón” o más bien al castizo “cuando las barbas de tu vecino veas pelar...”. Y esto es precisamente lo grave: que a juzgar por las muestras de adhesión a la malhadada Sección Cuarta, habrá muchos que no se han afeitado en su vida.
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