Obsesión por el sexo

Los ilustrados del siglo XVIII, y después los liberales del XIX y el XX, aspiraban a remover los obstáculos legales y sociales que impedían a las personas desarrollar plenamente sus capacidades y demostrar su valía. La igualdad que reclamaban los ilustrados y los liberales no era otra que la que prescribe la naturaleza y condición del ser humano y que tan admirablemente supo expresar Jefferson cuando redactó la declaración de independencia de los EEUU: “todos los hombres son creados iguales y su Creador les ha conferido ciertos derechos inalienables como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Hoy, en el siglo XXI, puede decirse que en los países donde ha arraigado la cultura occidental, y concretamente en España, el ideal de los ilustrados y los antiguos liberales ha triunfado plenamente. Quienes todavía defienden hoy posturas discriminatorias por razón del sexo son, por fortuna, minorías estigmatizadas, frecuentemente de bajo nivel cultural, y sin ningún peso en la vida social, política o económica.

Nuestra Constitución establece claramente que nadie podrá ser discriminado —ni positiva ni negativamente— por razón de su sexo, y después de casi veinticuatro años de vigencia, hoy puede decirse que, en lo que toca tanto al sexo femenino como al masculino, no existen en España trabas legales ni institucionales que impidan a las mujeres formar parte activa de la vida social, económica y política; como demuestra el hecho de que su incorporación al mercado de trabajo, a la alta política y al mundo de los negocios no ha dejado de incrementarse desde la Transición, sin que haya sido necesaria la imposición de cuotas desde el poder político.

Quizá uno de los rasgos más sobresalientes de la progresía es confunde la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, y cuando más activa se muestra en la exigencia de igualdad de oportunidades es cuando la propia evolución sociocultural ya está a punto de conseguirla. Es el caso de José Bono y del Parlamento Balear, que han aprobado sendas leyes para imponer la cuota del cincuenta por ciento por sexo en la elaboración de las candidaturas electorales —las mujeres deberán ocupar las posiciones impares, y los varones las pares— de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Aparte de ser inconstitucionales —tanto por su intromisión en la libertad de elección de candidatos de que toda asociación y, por supuesto, todo partido político, debe gozar; así como también por ser indirectamente discriminatorias por razón de sexo— son contraproducentes para con el fin que dicen perseguir, pues de llegar a aplicarse, ni los políticos ni las políticas sabrán a ciencia cierta si su presencia y su posición en una lista electoral se deberá a sus méritos personales o a las exigencias de la cuota.

De Bono, un político que ya nos tiene acostumbrados al esperpento demagógico —aunque lo practica con más clase y credibilidad que su colega extremeño—, podía esperarse una propuesta tan absurda como ésta, destinada a contentar a su parroquia progre, pero que ni siquiera él mismo, probablemente, se toma en serio. Sin embargo, el caso de la coalición que gobierna Baleares es más preocupante, puesto que ya han demostrado con la ecotasa que son capaces de tomarse en serio sus propios absurdos, como acredita el hecho de que califiquen la ley que acaban de aprobar como “un símbolo, al igual que lo fue el logro de la II República Española de conseguir que las mujeres pudieran votar en España”. Desde luego, no fue gracias al PSOE, que de la mano de Margarita Nelken e Indalecio Prieto se opuso firmemente al voto femenino, por considerarlo “histérico” y sujeto a los “dictados del confesionario”.

Pero en todo este aluvión de necedades, destacan sobre todo las declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSOE, quien opina que si la ciudadanía se rigiera por su comportamiento cívico, no harían falta leyes, por lo que cree necesario aplicar medidas de acción positiva —de coacción, en román paladino— que hagan posible “la convivencia y el desarrollo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y sin exclusiones”. Le faltó exigir —para ser coherente— la supresión del derecho al voto para los ciudadanos que no se comporten “cívicamente”, es decir, que no compartan su código cívico. Y es que la inmensa mayoría de los socialistas todavía no se han enterado de que totalitarismo e igualdad absoluta son sinónimos.

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