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Cuando en nombre del nacionalismo se ha asesinado a cerca de mil personas, el recurso al victimismo... nacionalista va más allá de la falacia para entrar de lleno en el sarcasmo. El auto del juez Garzón está teniendo la virtud de poner nervioso a partidos políticos que, si de verdad fueran democráticos y estuvieran a favor de los derechos humanos, deberían estar satisfechos de que los verdugos indemnizaran a las víctimas. Lo lógico sería que el gobierno vasco se mostrara encantado, pues su primer objetivo ha de ser que se cumpla la legalidad; de que, por ejemplo, los agresores indemnicen al diputado Rabanera, cuya academia ha sufrido cuatro agresiones en lo que va de año. Por el contrario el gobierno vasco se ha puesto histérico intentando que se mantenga la impunidad actual del terrorismo, que ellos mismos, con pretensiones de eufemismo comprensivo, bautizaron como de baja intensidad.

PNV y EA –desde Egibar a Azkarraga y Atutxa– están mostrando que necesitan a Batasuna para sus intereses electorales. Nada hay en el auto de Garzón que diabolice una idea –en el argot nacionalista, pues la diabolizada de hecho es la constitucionalista– ni que plantee más cuestiones de fondo que la evidente responsabilidad de Batasuna en la kale borroka. ¿Necesita el PNV que ese terrorismo callejero se mantenga como forma de amedrentamiento de los políticos constitucionalistas y como medio para que no puedan entrar en el normal contacto con los ciudadanos? PNV y EA se están mostrando como los “padrinos” de Batasuna. Han pervertido todos los principios –como suele suceder cuando se “comprende” y se aprovecha la violencia– y, entre ellos, el de la Justicia. Aspiran a que no exista el imperio de la Ley, y a que los matones campen por sus respetos, en beneficio de quienes tienen, al tiempo, la osadía de presentarse como garantes del orden. Del orden del miedo y la coacción.

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