El Gobierno no ha dado hasta ahora ninguna razón de peso para modificar los criterios en que se basa la reforma del desempleo. Porque decir que el Gobierno “es sensible a las críticas” no deja de ser una sensible bobada, dígala Zaplana o su porquero. Si lo que anuncia el flamante ministro de Trabajo es que está dispuesto a comprar el afecto de los que tienen como obligación profesional negárselo, éstos de Méndez y Fidalgo van a ser los mimos más caros de la Historia de España.
Faltan datos para saber en qué consiste o hasta dónde llegarán las matizaciones en la “adecuación” del empleo que el INEM ofrece al parado. Si se trata de que en algunos casos excepcionales la negativa a aceptar un empleo no acarree la pérdida del subsidio de paro, nos parece razonable. Pero respetar la excepción no es convertirla en regla. Y menos aún si el cambio trae aparejada la hipertrofia del INEM ideada por los socialistas: 16.000 funcionarios más, para la atención psico-laboral. Miedo da sólo pensarlo.
Anunciarse las elecciones en territorio del PER, suavizarse las condiciones del trámite y olvidarse su extinción ha sido todo uno. En cuanto a los salarios de tramitación, no hay que olvidar que constituían uno de los medios de financiarse de nuestros sindicatos. Aquí, la compra de voluntades podría superar las cuentas del Gran Capitán.
De momento, estamos en el capítulo de suspicacias. Ojalá no lleguemos al de las constataciones. Después de aguantar una verdadera huelga general, el Gobierno González asumió todas las disparatadas peticiones sindicales, con resultados ruinosos. Después de haber resistido cómodamente una fracasada huelguecita, esperemos que ningún ministro del Gobierno Aznar esté dispuesto a emular a Solchaga. Cargarse las reformas neonatas del mercado laboral supondría apuntarse a la cola del paro. Ojo.
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