Según ha podido saber Libertad Digital, “Unidad Cubana” –organización anticastrista integrada por distintos grupos del exilio cubano– ha pedido al juez Baltasar Garzón que investigue “las flagrantes violaciones de los derechos humanos que se producen en Cuba gracias a la connivencia de empresarios españoles que residen en España y que están sujetos a su jurisdicción”.
En la carta que los exiliados cubanos han remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, se le informa de que “los empresarios españoles que negocian con la tiranía comunista, ayudan al régimen de Castro a explotar a los obreros que emplean en las empresas mixtas, a los que se les abona su salario en pesos cubanos, mientras que el gobierno de la isla se queda con el 80% de su sueldo en dólares”. Según Jesús Permuy, presidente de Unidad Cubana, “los trabajadores cubanos no sólo carecen de toda protección laboral –en Cuba no existen sindicatos independientes, ni se respeta el derecho de huelga– son, a todos los efectos prácticos, siervos que el régimen castrista alquila a los inversores españoles, del mismo modo que en épocas pasadas se negociaba con una dotación de esclavos”.
El presidente de “Unidad Cubana” añade en la carta que dirige a Garzón que “los empresarios españoles consienten y se acomodan con otras prácticas discriminatorias del gobierno de Castro, como es la que prohíbe a los cubanos que residen en la isla el acceso a los centros turísticos construidos y administrados por empresas españolas como “Meliá”, y que constituye una forma de apartheid mucho peor que la que se practicó en África del Sur y que provocó que ese país sufriera un embargo económico decretado por la ONU”. Por último,“Unidad Cubana” añade que “confía en el juez español, porque sabe de su preocupación por las violaciones de los derechos humanos que se han producido en regiones tan geográficamente distantes de España como son Chile y Argentina”.
¿Contestará el magistrado español a las víctimas de la tiranía comunista que le ruegan intervenga en su favor? ¿O como ha hecho hasta ahora, preferirá perseguir crímenes pasados y no los que en la actualidad y desde hace ya 44 años sufren los cubanos? A pesar de que en el pasado mes de noviembre Baltasar Garzón aseguró al periódico estadounidense La Opinión que Castro podría ser juzgado por delitos posteriores al 1 de julio de 2002, en algún cajón del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional permanece “olvidada” una denuncia en la que se acusa al Monstruo de Birán de haber asesinado a cientos de españoles.
Las víctimas de la tiranía comunista le han pedido a Baltasar Garzón que investigue los negocios españoles en la finca de los hermanos Castro pocos días después de que el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de la isla cárcel confirmara que “las autonomías españolas –con más de un centenar de asociaciones– son las que más colaboran con su gobierno. Según el último informe oficial hecho público por el régimen castrista, “las 403 Asociaciones Económicas Internacionales que operan en la isla, acumulan un capital invertido que suma 5.930 millones de dólares”, divisas que le sirven a la tiranía para financiar la represión y alimentar a los comisarios políticos que insisten en burlarse de los españoles y de su gobierno.
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