Denunciaba hace pocas semanas “los estragos de esa pseudofilosofía progresista que apuesta todo a la reinserción y nada a la disuasión, y que brinda una injusta generosidad al delincuente, cuya factura no pagarán ni los jueces que la brindan, ni tampoco la nueva directora general de Instituciones Penitenciarias...”. Y así ha sido. La “factura” de esa pseudofilosofía progresista la han pagado, si se confirman las peores sospechas, dos jóvenes policías que han sido brutalmente torturadas y asesinadas en Hospitalet por un violador que, al parecer, disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario. Para colmo, el sospecho ya había aprovechado en 1994 otro permiso penitenciario para violar a otra mujer. En definitiva que, de confirmarse la autoría, estaríamos ante un nuevo suma y sigue criminal, de esos que no son posibles sin la actuación judicial, y que hacen prácticamente estéril como solución el incremento de las dotaciones policiales.
El ministro de Justicia, López Aguilar, se ha limitado a invocar la necesidad de abrir “una reflexión” sobre la situación de los permisos a presos condenados por crímenes "especialmente odiosos". Puestos a hacer una reflexión, bueno sería que el Gobierno empezara por rechazar públicamente las tesis de la Sra Gallizo, a quien no se le ha ocurrido otra cosa que la de proponer facilitar todavía más los permisos penitenciarios y la concesión del tercer grado. El mismo día que la Directora General proponía esta medida, un recluso aprovechaba un permiso para coser a navajazos a su novia. Y es que la señora Gallizo —como le ocurre a tantos jueces de la muy progre “Asociación de jueces para la Democracia” de la que proviene el ministro Alonso— es una entusiasta defensora de un tratamiento penitenciario que sólo reinserta al preso en la delincuencia y que desprecia la función disuasoria y punitiva de las condenas.
En lugar de alentar desde el poder político esa injusta generosidad que se nutre de sangre inocente, bien estaría que desde el poder legislativo se redujera la discrecionalidad de los jueces y que el poder judicial, en lugar de arroparse en el corporativismo, sancionara también con mayor dureza una irresponsabilidad tan temeraria como la perpetrada por el juez de vigilancia. Ya está bien de conceder permisos que no son otras cosa que licencias para volver a delinquir.