Abril empezó el día en el barrio del Polvorín de Barcelona con la imagen inapelable de un hombre colgado. Las autoridades habrían querido que todo se despachara tan en silencio como el propio suicidio de Pablo Díez Cuesta, tan anónimamente como cada suicidio de una gran ciudad: aplastando a la familia, estremeciendo al reducido círculo de amigos. Y ya.
Así lo habrían querido el Ayuntamiento de Barcelona y su primer teniente de alcalde, Xavier Casas, presidente de la empresa municipal de transportes. Pero los compañeros del fallecido Pablo Díez, veterano conductor de autobús, alzaron la voz. Y los barceloneses conocimos esta historia infame: a Pablo lo había acusado Transports Municipals de Barcelona de vender una ficha de inspección a una pasajera como si fuera un ticket de viaje y de haberse quedado el importe, un euro y diez céntimos. Un euro y diez céntimos, señor Casas, señor Clos, campeones de lapaz-lasostenibilidad-yladiversidad. Un euro y diez céntimos, socialistas catalanes, arriba esos puños.
Un euro y diez céntimos que para vuestra vergüenza Pablo negó haberse apropiado y que habrán de caer sobre vosotros en forma de monedas gigantes del tamaño de la verdad. TMB iba a suspender a Pablo temporalmente de empleo y sueldo si reconocía la falta. Pero el conductor tenía un concepto del honor que los Casas y los Clos no pueden ni siquiera imaginar, y se negó en redondo a reconocer una infracción que no había cometido, aun a sabiendas de que se jugaba el empleo. Como así fue. Porque la máquina municipal, sonriente y moderna, rodó sobre la vida de su empleado despidiéndolo fulminantemente. A las pocas horas de recibir la notificación, Pablo dejó la imagen inapelable de su cuerpo colgando en el barrio del Polvorín de Barcelona.
En el juicio consiguiente, era prioritario que Xavier Casas no saliera en las fotos, pues la exigencia de no estigmatizar a los socialistas no sólo ha de cubrir a los presidentes de gobierno. TMB pidió que su presidente declarara por escrito (qué importante eres, Casas, coño), pero la juez del 7 de lo social de Barcelona rechazó la solicitud. Llegados ahí, había que evitar el juicio. Por eso, y sólo por eso, ha acabado llegando TMB a un acuerdo con la familia de Pablo Díez: reconoce que el despido fue improcedente, se compromete a pagar a los herederos 45 días de sueldo por año trabajado, que es lo que marca la ley, y hace saber que no admite responsabilidad alguna sobre los hechos ocurridos después de la notificación.